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by • July 7, 2016 • Carlos RiveraComments (0)648

¿Y qué pasa con los Gobiernos Autónomos Descentralizados? Por Carlos Rivera

Carlos RiveraLa gestión de la Revolución Ciudadana con seguridad terminará en números rojos. El desborde del gasto público ha llevado a un abultado déficit fiscal y un gran crecimiento de la deuda externa. Lo más preocupante es que tales resultados se alcanzaron con precios del petróleo y unas presiones impositivas nunca antes vistas.

Tampoco debe extrañar el fuerte desequilibrio de la cuenta corriente que va minando poco a poco la propia sostenibilidad de la dolarización, en tanto y cuánto va de la mano de los desequilibrios fiscales en una suerte de “déficit gemelos”, como consecuencia de la pérdida de competitividad asociada a la apreciación del tipo de cambio real, cuyo causal no es solamente la renuncia a la moneda nacional, sino fundamentalmente el peso de un estado recontra obeso.

Resulta claro que si se pretende un cuadro fiscal compatible con el crecimiento económico, con la estabilidad macro y las condiciones necesarias para obtener financiamiento externo en buenas condiciones, se deberá trabajar sustantivamente sobre los mayores determinantes del crecimiento del gasto en estos últimos años. A saber:

  • Los subsidios a la energía y al transporte a través de los congelamientos tarifarios, so pena de evitar un conflicto social y tener intacto el capital político se van volviendo insostenible desde el punto de vista económico, además que la explosión social asociada al momento de la corrección de esta distorsión es creciente con el paso del tiempo e inversamente relacionada con el talante y liderazgo del próximo presidente, de allí que la elección en febrero 2017 no es nada trivial.
  • El incremento de la burocracia en términos de empleados por institución y nuevas instituciones es notorio y brilla a todas luces.
  • Respecto a los planes sociales en marcha y las grandes inversiones realizadas en infraestructura, nadie puede discutir que está muy bien. Lo que no queda claro, es que tanto más podríamos haber hecho, si hubiéramos sido más prolijos con el uso de dinero ajeno y adoptado estándares de eficiencia mucho más exigentes a la hora de administrar recursos públicos.
  • Lo realizado en el Seguro Social no tiene nombre por las consecuencias a futuro que tendrán sobre miles de jubilados, algo que lamentablemente pasa desapercibido, pero que algún rato nos pasará la factura y fuerte.  

Si bien todo este conjunto de causales que se ubican en la administración central explican una buena parte del crecimiento del gasto estatal del período, no se puede desconocer que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en su gran mayoría han hecho exactamente lo mismo en las áreas de su competencia.

En efecto, la mayor parte de los GAD han aumentado sus plantas burocráticas en forma totalmente irresponsable y utilizan buena parte de su presupuesto en asuntos nada prioritarios e inclusive en cosas que nada tienen que ver con su gestión, como es la promoción de los partidos políticos de sus gobernantes, por lo que para todo efecto práctico el rasgo clásico del populismo y el clientelismo político que caracterizó al gobierno central se contagió con intensidad a las provincias y municipios, con muy honrosas excepciones desde luego.

Por otro lado, la evidencia de un régimen por el cual el gobierno central recauda y luego transfiere una parte a las ciudades y provincias bajo principios redistributivos antes que devolutivos, exhibe situaciones  muy penosas como: 

  • Una suerte de dependencia financiera de los gobiernos provinciales hacia la Administración Central, que en la mayoría de los casos termina en dominación política, de allí que no debe extrañar la fácil pleitesía de ciertos alcaldes y prefectos al dominio presidencial.
  • Cuando los fondos provenientes de la administración central y los propios impuestos no alcanzan para cubrir sus gastos, se accede muy fácilmente al crédito rápido  y no necesariamente en las mejores condiciones, agravando la situación de la deuda pública.
  • Finalmente y lo peor, también dice la experiencia de este tipo de regímenes que los gobiernos seccionales que se endeudan en exceso y que en algún momento que no pueden honrar sus deudas, simplemente entran en default y terminan pasándole la carga de la deuda a la administración central, por lo que tarde o temprano toda esta carga termina licuándose en beneficio de la provincia o ciudad deudora, por lo que no existe ningún incentivo para mantener unas finanzas públicas seccionales sanas y prudentes, salvo que estén manejadas por verdaderos estadistas.

En las presentes dificultades fiscales y el seguro tránsito del futuro gobernante por un campo minado por los desajustes, deudas, distorsiones y problemas económicos que heredará, urge cambiar la forma de distribución de los recursos de la administración central a las ciudades y provincias y la propia estructuración de nuevos sujetos de gasto, esto es emprender un cambio estructural en la relación fiscal entre el gobierno central y los gobiernos seccionales.

Algunas de las ideas que surgen en este ámbito tienen que ver con una descentralización en serio, con el transparentar las cuentas de los gobiernos seccionales al máximo nivel posible e inclusive establecer estándares mínimos de liquidez, solvencia, endeudamiento y eficiencia, conjuntamente con la aplicación de un principio de mayor correspondencia fiscal, esto es que la administración central solamente retenga los tributos para cubrir estrictamente su propio gasto, los otros impuestos deben comenzar a financiar directamente el gasto según el lugar de recaudación. Naturalmente las inequidades entre provincias y ciudades no se pueden soslayar, y debe manejarse todavía algún fondo de redistribución como puede ser el proveniente de las ventas del petróleo. Esto le daría viabilidad política y la equidad justa y necesaria a la propuesta.

La ventaja de esta propuesta es que cualquier exceso de gasto o derroche de un municipio o prefectura le exigiría aumentar sus propios impuestos y dado el castigo político por esta situación, seguramente se reducirá la tendencia a ello. De esa forma, se alinearán los incentivos y se propendería a gastar menos y mejor, mejorando la calidad del gasto público.

En conclusión se requiere generar un esquema de incentivos que permita desterrar el clientelismo político y manejar los dineros públicos como si fueran propios en cuanto a su administración tanto a nivel nacional como seccional. La visión social y la búsqueda de la máxima efectividad y eficacia bajo este prisma, está demás decirlo desde luego.

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