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by • September 28, 2014 • Clara RiverosComments (0)1386

En el Ecuador “no hay ningún atentado a la libertad de expresión” Por Clara Riveros

Con motivo del evento Plataforma Iberoamericana de Reguladores de Televisión, realizado en Bogotá los días 25 y 26 de septiembre, organizado por la Autoridad Nacional de Televisión, visitaron el país funcionarios vinculados a los órganos de regulación de los diferentes países de Iberoamérica.

Uno de los invitados fue Hernán Reyes, profesor universitario procedente de Ecuador, académico del área de la Comunicación y los Estudios Culturales y miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, CORDICOM. Aprovechando su presencia en el país, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI- de la Universidad Nacional de Colombia abrió un espacio para que el profesor Reyes expusiera el alcance de la Ley Orgánica de Comunicación, en el conversatorio: “La Ley de Comunicación y las luchas por la democratización de este campo en el Ecuador”.

Contar con la presencia del profesor Reyes es valioso si se considera la dificultad para obtener entrevistas con los miembros de estos organismos, como he podido constatar tanto en Argentina como en Ecuador. Sin embargo, en aras de promover el debate plural como es el deber de la academia, es de esperar que se organicen nuevas jornadas con aquellos que desde diferentes sectores han expresado sus críticas a dicha Ley por considerarla sumamente restrictiva. La universidad pública como espacio de producción de conocimiento debe promover el debate, la lectura crítica y no militante como viene ocurriendo en las universidades públicas de algunos países sudamericanos, que se han convertido en plataformas de legitimación de esos discursos a partir del ascenso de gobiernos populistas de tendencia autoritaria, que cambiaron las reglas del juego democrático amparados en su legitimidad de origen y que se autodenominaron de izquierda progresista.

La Ley Orgánica de Comunicación fue promulgada en junio de 2013. Hace pocos días la Corte Constitucional negó las tres demandas de inconstitucionalidad que se habían presentado finalizando 2013, realizó cambios menores en dos artículos y enla interpretación de un tercero. El fallo de la Corte se dio en consonancia con el precario estado de la justicia en ese país, por tanto, se asume que la legalidad y legitimidad de la Ley quedó fuera de toda discusión, más allá de las múltiples denuncias de organizaciones locales e internacionales que vienen llamando la atención sobre las amenazas, los retrocesos y las restricciones para la libertad de expresión que dicha normativa supone.

La presentación del profesor Hernán Reyes destacó la “lógica perversa del capitalismo” como la causante de los cierres de medios de comunicación en Ecuador, sumado a las malas administraciones y no a la Ley como han denunciado los medios. Afirmó que “no hay ningún atentado a la libertad de expresión”, sino que se ha dado todo lo contrario. Lo que sucede –según él- es que se conoce poco y mal el sistema de comunicación de Ecuador y a eso le sumó el “gran lobby internacional” para desprestigiar la Ley y en general el proceso de reforma estructural del país, mediante la radical oposición de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, ANDIARIOS, pero también, aunque en menor medida de Reporteros Sin Fronteras y Human Rights Watch HRW.

Reyes narró el proceso que se siguió para llegar a la Ley, los tres proyectos presentados, la dilación de los debates, el trámite en el Legislativo hasta llegar a la promulgación de la Ley gracias a la mayoría oficialista de Alianza País, y, la creación de dos instancias autónomas e independientes para la aplicación de la Ley: la Superintendencia de la Información y Comunicación; y, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, CORDICOM. Trascendiendo la épica discursiva, hay que decir que los organismos de aplicación, en rigor, no funcionan así. Las salidas en público de sus funcionarios evidencian la estrecha correspondencia con el Ejecutivo lo que dificulta tales aspiraciones de neutralidad.

Reyes señaló que el proceso emprendido hasta llegar a la sanción de la Ley no fue fácil, dado el elevado clima de polarización instalado en el Ecuador, el “boicot” que hicieron “medios opositores” denominados “poderes fácticos” y los sectores de la oposición para evitar su aprobación. Se han impartido toda clase de ideas parcializadas, “etiquetas negativas” y estereotipadas. “No es una ley mordaza, no atenta contra la libertad de expresión, pretende democratizar”, a partir de la distribución del espectro radiofónico, pero también desde el ejercicio pleno de derechos ciudadanos, los derechos de última generación, derechos a la información y a la comunicación, derechos “que van más allá de la concepción liberal de la libertad de expresión”. La Ley no sólo se ocupa de regular el otorgamiento de las licencias, sino también los contenidos.

La “concentración de la propiedad” impedía la libre expresión, ahora el “buen vivir” la posibilita, los medios incautados y convertidos en públicos “han ganado mucha audiencia” y “la polarización ha promovido el pluralismo informativo”, hecho evidenciable en la prensa: El Telégrafo frente a los diarios privados. La “ciudadanía” está más activa y reclama sus derechos, hay un “creciente empoderamiento de la ciudadanía”. Los medios privados “se están adaptando y están entendiendo que deben adaptarse”. En cambio, valoró negativamente que “la academia está muy ajena de ese proceso”.

Hay que aclarar, ya que el profesor Reyes no lo hizo, que el presidente Rafael Correa desde su ascenso al poder ha venido cambiando las reglas de juego necesarias para la democracia con el fin de cooptar los poderes del Estado y así llegar a dominar en el Legislativo y también en el Judicial. Los cambios no van a parar, por eso el presidente que fue re-reelecto en 2013 ya lanzó su campaña. De cara a 2017 se harán las reformas constitucionales que sean necesarias, entendiendo que, la alternancia en el poder es simple “teoría burguesa”, por ende desdeñable e innecesaria. De ahí que pueda verse a un alto funcionario del gobierno hablando de la información como “producto estratégico”, y reconociendo las grandes carreteras de los dictadores Franco y Mussolini cuando le mencionaron que también ellos convirtieron la comunicación en servicio público.

La polarización ha sido una constante durante toda la gestión del presidente Rafael Correa, siendo esta una parte fundamental y constitutiva de su estilo para gobernar. La Ley profundizó la polarización, pero no fue el inicio de la tensión política que vive el país. Al correísmo le molesta la denominación de la Ley como “ley mordaza”, pero sí debería suscitar algún tipo de cuestionamiento una ley que incluye entre sus polémicos artículos una figura denominada “linchamiento mediático”, que invita de forma clara a la censura previa. Algunas preguntas que hice al profesor Hernán Reyes fueron en esta dirección. Reyes señaló estar en desacuerdo con la figura del linchamiento mediático, tanto en su enunciado como en su aplicabilidad, él considera que por la misma formulación es inaplicable, lo que no mencionó Reyes es que el Superintendente pidió que se amplíe la figura del linchamiento y que se endurezcan las sanciones.

Rafael Correa, presidente de Ecuador

Atendiendo a la presentación le pregunté sí además de las organizaciones que el citó, el Relator Especial de Naciones Unidas Frank la Rue y la Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH Catalina Botero que han alertado en reiteradas ocasiones sobre las restricciones de la Ley de Comunicación, a la vez que han reconocido que los Estados deben regular y deben tener un papel activo frente a este tema y que consideraron como positiva en su planteamiento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, ¿podrían tener razón cuando alertan sobre la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador? La respuesta en ese sentido apuntó casi a decir que son ellos los equivocados. De nuevo, ha sido posible gracias al lobby que ha realizado la oposición en la que entran organizaciones de la sociedad civil para desprestigiar la Ley. Reyes precisó que el papel de Frank la Rue ha sido a su parecer más equilibrado pese a ser un crítico de la Ley y especialmente en lo que respecta a la regulación de la prensa. Lo que para él es inadmisible es el papel desempeñado por Catalina Botero que pasó de tener una mirada crítica a ocupar una posición cada vez más parcializada y de “desmesura absoluta” al afirmar hace unos meses que “Ecuador después de Cuba es el país más restrictivo” en cuanto a libertad de expresión. Explicó la “mutación” de Botero debido al lobby audaz de la organización Fundamedios que ha adelantado una “oposición activa”, de la SIP y del Colegio de Periodistas de ese país. El descrédito a Fundamedios incluyó parte del discurso presidencial encaminado a cuestionar que obtiene recursos de USAID, en este caso, se impone la lógica de matar al mensajero, acudiendo a la descalificación para negar la realidad, como se vio en días pasados desde el Polo Democrático Alternativo frente a Dejusticia y su participación en el estudio sobre el funcionamiento de la justicia en Ecuador.

Algunos entusiastas del discurso esbozado por Reyes plantearon la doble moral de la Relatoría de la CIDH. Sobre este punto es pertinente aclarar que Catalina Botero que hasta ahora se desempeñó como relatora ha cumplido con las funciones que le competen, frente al avance de los gobiernos autoritarios de la región que han pretendido además, desaparecer la Relatoría y donde Ecuador ha jugado un papel clave en cabeza de su presidente Rafael Correa y del canciller Ricardo Patiño. No es Catalina Botero quien decidió actuar y expedirse sobre lo problemática de la Ley de Comunicación sino que a partir de las denuncias que se presentan la CIDH está obligada a dar trámite, a recordarle a los gobiernos las cláusulas y convenciones que han suscrito y también a hacerles saber, como si no lo supieran sobradamente, cuando violan la normatividad internacional.

¿Quién regula los exabruptos presidenciales cuando hasta un caricaturista y el diario que lo publica son sancionados pero el presidente descalifica a quien quiera? Reyes señaló que eso es lo que dicen los diarios ecuatorianos, con lo cual no respondió a mi pregunta, afirmó estar en desacuerdo con la sanción a Bonil pero llamó la atención sobre el lobby hecho por el caricaturista para victimizarse.

La palabra lobby salió a relucir muchas veces, pero en cambio, no hubo una sola mención a los millones de dólares que invierte el gobierno ecuatoriano en firmas de relaciones públicas en Estados Unidos pagadas para trabajar en mejorar su imagen en el exterior. De forma enfática cuestionó: ¿sí Bonil sigue tan aterrorizado por qué sigue haciendo las caricaturas qué hace? Hernán Reyes legitimó el discurso autoritario del presidente Rafael Correa al considerar que en el marco de esa lucha política que se adelanta en el país, el presidente no podía llevar “flores” para avanzar en las reformas y que los logros alcanzados no habrían sido posibles de otra manera, concedió que puede haber necesidad de modular el discurso gubernamental, de todas formas, para él está fuera de discusión que, “los medios afectan la gobernabilidad”.

Después de la exposición del profesor Reyes pareciera que todos los organismos internacionales se equivocan en su lectura sobre Ecuador y la Ley de Comunicación en particular, mientras que el presidente Rafael Correa ha sido víctima de las circunstancias, lo que no deja de ser una lectura parcializada y edulcorada de la realidad, por decir lo menos.

http://sudamericahoy.com/pais-ecuador/en-el-ecuador-hay-ningun-atentado-la-libertad-de-expresion/

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