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by • June 14, 2017 • Estuardo MeloComments (0)490

#Ecuador QUIÉN EXAMINA A LA CONTRALORÍA! Por Estuardo Melo

Quienes conocemos a la Contraloría General del Estado desde dentro, podemos saber que al estar en sus potestades el análisis de la gestión administrativa y el manejo correcto de los bienes del Estado, el ámbito de su influencia es total en el control de la función pública. Una función que raras veces ha estado en manos de personas correctas.

EStuardo meloEl problema es que el control en sí, debe también mantener un comportamiento riguroso para que los desvíos y artificios que el funcionario encuentra para sus incorrecciones, puedan ser detectadas primero, sancionadas luego y que no haya lugar para que los contralores los encubran por interés de recibir gratificaciones y se sienten precedentes.

La corrupción pública en el país (y los corruptos lo conocen bien), está caracterizada por una cadena de complicidades, pactos de fidelidad y silencio, acuerdos subterráneos de pago de coimas y sobornos y diversas formas de extorsión y actos colusorios.

Personas que se arriesgan a cometer los ilícitos, muchas veces aparecen como auspiciantes directos, pero son en verdad, los testaferros de un complot organizado para beneficiar a un grupo mayor. Cada caso es una diferente forma de delito, porque lo primero que tratan los corruptos de ocultar, es su participación, tratando de asegurar su impunidad.

Una cadena de testaferros desde el que ejecuta la acción ilícita, hasta llegar al último beneficiario, el que sin ensuciarse las manos, recibe los depósitos en sus cuentas cifradas.

El silencio de quienes conocen de estos actos y se callan, muchas veces sin tener participación en el reparto, se debe a presiones del superior o amenazas veladas sobre su permanencia en el cargo. Esas personas son las que ocasionalmente se animan a romper ese silencio y a entregar pistas sobre el cometimiento de los ilícitos.

Algo fundamental en la corrupción, es tener un entorno o un medio que sea proclive y esté explícitamente conocido, para favorecer una oferta sucia que pudiera ser aceptada y/o una exigencia del funcionario, que no sea delatada.

Un caso casi emblemático en este asunto, es el de un ex funcionario del SENAIN prófugo, que teniendo la oportunidad de adquirir equipos para la institución, buscaba a través de un “agente” una empresa que acepte contratar previo pago de comisiones.

Toda la operación clandestina de sobornos, sobreprecios, decretos de emergencia y excepción, giro específico del negocio, etc., pudo bien haber sido detectada, si hubiera existido un aparato de control funcionando para controlar al menos cien mil millones de dólares en contratos públicos en los últimos 10 años.

No es solamente la Contraloría General la responsable, porque es bien sabido que todas las entidades públicas, mantienen un departamento de auditoría y que los contratos vienen siempre acompañados a otro de fiscalización que se encarga de aprobar planillas, contratos complementarios, ampliación de plazo y supervisar la entrega recepción de las obras. En el caso que nos ocupa, todas estas instancias fallaron y fueron proclives a hacerse de la vista gorda por dinero. El mayor ejemplo de aquello es el consorcio de Azul y Worley Parson, a cuyo descontrol se deben muchos abusos registrados en la contratación y ejecución del sector petrolero. El país debe emprender en un reclamo severo a esa empresa que lo  permitió.

Sin embargo, no se puede esperar demasiado control si la entidad encargada de la revisión contable, análisis técnico y jurídico a la administración de los contratos, presenta serias dudas y sospechas sobre su accionar.

La delación de Carlos Pareja Yanuselli, quién no por estar sindicado, sentenciado y prófugo de la justica, no es un testigo privilegiado porque conoce esos asuntos desde dentro y en principio retó a los personeros de Contraloría, ahora en la palestra del escándalo, para que se sometan al polígrafo y declaren sobre sus actuaciones dolosas, que bien investigadas deben corroborar lo que Pareja afirma. Primero les invitó a someterse a un interrogatorio,  conectados a un detector de mentiras, y como no tuvo respuesta, como era de suponer, dijo que entregó personalmente maletas con dinero efectivo al Contralor en su departamento del Suisse Hotel.

Sin embargo en el mismo video acusatorio, implicó al Contralor subrogante y otros funcionarios de haber recibido iguales pagos para obtener informes favorables en el caso Petrocorrupción, más exactamente en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

Si la Fiscalía estuviera atenta y realmente interesada, ya habría iniciado investigaciones al respecto, porque si hay quien da fe de las entregas al Contralor, debe haber también funcionarios que trabajaron en la repotenciación que conozcan sobre el caso. No es solo Odebrecht el caso que Fiscalía tiene que procesar.

De todas formas, los indicios llevan a efectuar un examen integral de la institución, en la que de la cabeza hasta los funcionarios de segundo y tercer nivel, al parecer recibían recompensas por distorsionar las gestiones de control.

Si es la Contraloría la entidad que realiza control de bienes, al parecer no hay quién haga control del enriquecimiento ilícito de los funcionarios de Contraloría, muchos de los cuales lo han hecho de la operación ilícita de cobrar para entregar informes no incriminatorios un modus vivendi.

Todo comienza con los exámenes especiales, un trabajo técnico-jurídico de revisión del texto del contrato, los TDR´s, plazos, montos, presupuestos, planillas y recepción de obras, que constan en los protocolos de medición y constatación en sitio. Es un examen tanto a la fiscalización residente, cuanto a los contratistas y a la unidad ejecutora del proyecto. Una vez presentado el informe, éste pasa a la Auditoría propiamente dicha, que es un a revisión legal, contractual, técnico, contable de la obra. Con ese informe se pasa al departamento de resoluciones, donde se redacta un documento en que se establecen las irregularidades detectadas.

Hay mucho rigor en la supervisión, pero en todo caso los funcionarios se dan modos por cambiar resultados o disfrazarlos. Sin embargo, la mayor potestad está en las altas autoridades, puesto que en ellos radica la decisión de suscribir o no la resolución adoptada, con las responsabilidades implícitas.

Los auditores especialmente, requieren de una habilidad para revisar textos, hojas de cálculo, documentos que les permita obtener conclusiones certeras. Es un trabajo intelectual muy intenso y deben molestarse mucho al ver que su trabajo es boicoteado por orden superior  o por influencia política.

Si se realiza una inspección al trabajo de Contraloría, seguramente se van a encontrar muchas inconformidades, tanto en los contenidos de los informes, cuanto en la crítica de los auditores a sus superiores. Este es el Caso del contralor y el sub-Contralor actuales, cuando son descubiertos en sus fechorías, por alguien que por 10 años fue Ministro de Estado y alto funcionario del régimen y que conoce desde dentro la podredumbre y fue parte directa en la operación corrupta. Semanas de trabajo echadas a la basura a causa de una sucia coima.

En la contraloría general, existe un departamento de Planificación, que se didica en parte a realizar un control de calidad de las resoluciones. En esas oficinas deben existir muchos indicios de lo que se dejó de hacer.

A la Contraloría como Institución, le debe haber rebasado la cantidad de obra por controlar, en un régimen frenético y sin orden. Un régimen que no contó siquiera con un control de inversiones, gastos e ingresos, peor sustentabilidad de los gastos, pero que además  siendo experta en detectar por vía del examen documental las posibles infracciones, mantiene una gran debilidad en cuanto al descubrimiento de tramas subterráneas y acuerdos ocultos entre funcionarios y contratistas.

Para eso, habrían requerido de un equipo similar al de Kroll, una empresa especializada en detectar fraudes, con escuchas telefónicas y pesquisa especializada.

Antes y más ahora, se conformaron para los pequeños fraudes, “grupos de trabajo” que presentaban ofertas desde una misma oficina con diversos nombres emparentados, precalificados en el portal de compras, pero coordinados por el director de la unidad ejecutora de las obras, en la condición de adjudicaciones y allanamiento de problemas de ejecución, previo pago. Lograban contratar varios proyectos simultáneamente.

En entidades que tenían presupuestos para inversión, simultáneamente salían a vender contratos ciertos agentes que ofrecían adjudicación por el 10% y preparación de pliegos sin riesgos por el 1% de pago.

Era una época en que se recogía el producto de la “operación”  como en el caso  de la red de cobro de coimas en la garita 3 de la terminal terrestre de Guayaquil. 

Como la recuperación se les iba de las manos, decidieron eliminar todas las unidades operativas de contratación y construcción para concentrarlas en una sola dependencia de contratación de obra pública. Sin embargo el problema de detección de componendas por parte de Contraloría permaneció igual.

Pero la escala de la obra cambió. La nueva obra pública era contratada desde su financiamiento y había una sola persona operando desde el crédito hasta la contratación y construcción masiva de mega proyectos.

Los auditores de Contraloría conversan con sus ex colegas sobre auditorías completas que quedan represadas en el escritorio del Contralor, por conveniencias políticas. Evidentemente son exámenes que tuvieron problemas para el funcionario por fallas contractuales, legales o de procedimiento.

En los últimos 10 años, hay una clara tendencia de encubrimiento de esas irregularidades que son un claro entente entre el gobierno y la autoridad de control, para evitar que salgan a la luz los manejos dolosos y  fallas operativas.

Esta es una de las razones por las cuales proliferó el cometimiento de ilícitos en contra del Estado. La falta de control, el encubrimiento y la impunidad que significa no llevar a cabo procesos de enjuiciamiento a los funcionarios corruptos.

Hay que destacar que el pago de sobornos para facilitar adjudicaciones, ampliaciones de plazo y contratos complementarios, recepción de obras y otras gestiones en actos colusorios, significan un enorme perjuicio al tesoro nacional y un atentado que conspira contra el bienestar, posibilidad de desarrollo y capacidad de gestión del país en general.

Una Contraloría operativa, es uno de los pilares en que se fundamente el progreso del país y si institucionalmente ha perdido credibilidad y prestigio se requiere de una re-ingeniería de sus procesos y la clarificación de su misión como parte fundamental de las funciones del Estado. El gobierno se sentía cómodo con un Contralor que lo encubría, por eso permitió su reelección.

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