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by • February 3, 2017 • Estuardo MeloComments (0)879

#Ecuador PODER Y CORRUPCIÓN Por Estuardo Melo

Antes de decidir nuestro voto para elegir Presidente, Vicepresidente y Asambleístas, los ecuatorianos tenemos pleno derecho a conocer la verdadera dimensión de la corrupción, podredumbre ética y quiebra moral en el manejo de los asuntos del Estado, auspiciados tanto por acción  como por omisión  de sus potestades en la gestión del gobierno de Rafael Correa que al conocerla, pueden derivar en diferencias radicales en las preferencias electorales, específicamente respecto a quién es binomio del oficialismo, que fuera encargado por el Presidente de la República para dirigir los sectores estratégicos, directamente señalados como centro de los perjuicios irrogados al Estado ecuatoriano.

EStuardo meloLos nombres de funcionarios sobornados por Odebrecht, están a la vuelta de la esquina, pero para el oficialismo es capital que no sean revelados sino luego de las elecciones del 17 de febrero. Pero la responsabilidad tanto de las autoridades de control como de la Fiscalía General, pasa a convertirse en complicidad por denegación de la justicia ante el encubrimiento y demora en la obtención de la cooperación internacional, por una parte y porque ante la notificación de pago de sobornos a funcionarios de este gobierno en el período expreso del 2007 al 2016, la Fiscalía General y la Contraloría del Estado, han estado esperando informaciones que ya tienen en sus manos, por ser contratos y documentos públicos los que deberán analizar para obtener la información que permita encauzar a los corruptos del régimen y los contratistas que actuaron en contubernio.

No se trata solamente de conocer esos nombres, sino que ante tantos indicios que brotan a la superficie y la evidencia de sobreprecio en los contratos de toda la obra pública ejecutada, resulta imprescindible un examen integral al ejercicio económico del gobierno actual y la determinación exacta del perjuicio irrogado  al Estado.

Si el Fiscal no quiere ser imputado como encubridor del gigantesco ilícito, deberá apresurarse a encausar a los presuntos actores tanto del gobierno cuanto de las empresas que pagaron para obtener precios extraordinarios y contratos complementarios para estafar al Estado.

No debe olvidar el funcionario, que existen dos asuntos turbios, no aclarados suficientemente que manchan su credibilidad y que son el archivo de lo relacionado con el campo petrolero Palo Azul y la adquisición de su residencia en Quito a través de un fideicomiso en paraíso fiscal. Debemos esperar una actuación vertical en el que debe decidir si trabaja para encubrir al gobierno o para  reivindicar al País.

Antes de las declaraciones de Marcelo Odebrecht y los 70 ejecutivos de la firma, en nuestro país ya teníamos cientos de denuncias sobre contratos con sobreprecio  y adjudicación irregular y maniobras para exonerar a esas firmas de penalizaciones que luego el gobierno se encargó de eliminar. También se realizaron estudios comparativos de los costos contratados tanto con Odebrecht como con las empresas Chinas, para la construcción masiva de las centrales hidroeléctricas.

El Presidente, el ex ministro coordinador de sectores estratégicos, ahora Vicepresidente de la República o el Ministro de Energía Esteban Albornoz del período en que se expulsó a la firma objeto del actual escándalo, pueden ser exonerados de la turbia negociación de retorno en que el país por su orden desistió de cobrar multas, indemnizaciones y glosas.

El Fiscal General puede establecer con facilidad, quién es la persona que según el departamento de Justicia de los Estados Unidos tenía las potestades para negociar tanto la expulsión cuanto el regreso de la empresa y ser la persona influyente en el manejo de los contratos del Estado.

Tampoco puede excusar al Vicepresidente, quién ha sido la persona encargada de la gestión en los sectores estratégicos nominado por decreto  por el Presidente, del manejo inescrupuloso  en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, por su responsabilidad en todos sus ámbitos, principalmente el penal y económico.  Igualmente del manejo doloso en los contratos con sobreprecio e irregularidades notorias en El Aromo, para la Refinería del Pacífico.

Para  la Fiscalía, iniciar las indagaciones sobre todas estas irregularidades es simple, sin necesidad de acudir a la cooperación internacional, puesto que puede contar en el caso de Odebrecht, con contratos e informes previos, actas de recepción, presupuestos, pecios, contratos ampliatorios y toda la documentación que requiere, con nombres, apellidos montos contratados, informes de Contraloría, auditorías, informes de fiscalización, protocolos de medición y todos esos documentos con firmas de responsabilidad de funcionarios, o decisiones de entes burocráticos como directorios de las diversas entidades que asumieron la decisión de contratar.

Allí va a poder determinar que toda la corrupción nace de los decretos por los que se declara en emergencia los sectores y los reglamentos y delegaciones para la suscripción de esos contratos. El mismo Fiscal, cuando cumplía funciones como Ministro de Hidrocarburos, tenía un presupuesto para arreglar la refinería y convenientemente ha evitado dar su opinión al respecto.

Los contratos con Odebrecht, son solamente ocho. Todos eso sí, con sobreprecio y ninguno terminó de ejecutarse sin que hubiera de por medio contratos ampliatorios que casi duplicaron el valor original. Como Mandudriacu.

En el año 2010, regresa Odebrecht al país. No existe información oficial que dé cuenta de cómo la firma constructora regresó al Registro Único de Proveedores, RUP del Ecuador, (habilitada para contratar con el Estado) y se ha convertido en idónea para la ejecución de importantes contratos En julio de 2010, el Gobierno y Odebrecht arribaron a un “convenio de reparación” compensación económica de 20 millones de dólares. En septiembre del mismo año, la Contraloría ‘desvaneció’ las ocho glosas por 77,7 millones de dólares. A pesar de la vigencia del Art. 35 de la Ley de Contratación Pública, el 28 de octubre de 2011 Odebrecht retornó a la lista de empresas elegibles de contratación.

A quién o a quienes atribuye Usted, Señor fiscal este milagrito! No serán el Presidente que acordó con Lula, eel Vicepresidente de los sectores estratégicos o el Ministro albornoz?

El 28 de octubre de 2011 Odebrecht obtuvo la adjudicación, sin licitación pública, de un contrato por 18 millones de dólares para la reparación de un túnel de la central hidroeléctrica Pucará, previa declaratoria de emergencia de la central Pucará (Pisayambo), por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), cuyo Director fue Eduardo Barredo. Ahí tiene nombres y apellidos, montos e informes de consultoría contratados, presupuesto referencial, pervia la reparación del túnel.

El 1 de junio 2012 Hidrovo Estrada y Norberto Odebrecht, fue seleccionada para construir el Primer Tramo de la Ruta VIVA (vía de integración de los valles y de conexión con el nuevo aeropuerto de Quito) a un costo de 47’919.265,87 dólares. Se cuestionó que esta firma hizo la oferta más alta. Para Usted, señor fiscal es fácil conseguir los contratos sus firmantes y los informes previos.

El 30 de abril 2012. Se dio la firma de un contrato relámpago con Odebrecht para la construcción del Trasvase Daule Vinces, DAUVIN. Lo suscribió el Secretario Nacional del Agua, Ing. Walter Solís Valarezo por un monto de $ 190’990.182 dólares y un plazo de ejecución de 840 días.

El martes 24 de julio de 2012, Odebrecht se adjudicó el contrato de preparación del área (rellenos) para la construcción de la Refinería del Pacífico, a un costo de 229,9 millones de dólares. Este contrato se le dio a esta empresa descalificando a las tres ofertas más económicas, según se conoció el 31 de julio 2012.  También conocemos que el acueducto de 92 Km. Ha sido innecesariamente especificado como oleoducto incrementado innecesariamente su valor. Aunque todo ese proyecto es inejecutable, porque no cumplió con los requisitos de factibilidad económica  ni certificación de fondos disponibles, como lo ordena la Ley.

Cabe anotar que mientras el gobierno proyecta construir la Refinería del Pacífico para procesar 200 mil barriles día con un costo de $13.300 millones, un consorcio privado construye en México 6 refinerías para procesar 360 mil barriles diarios, por un monto de $ 6000 millones. Este aspecto no pasará por desapercibido a Usted, señor Fiscal.

El 16 de noviembre 2012, Odebrecht también ofertó 124 millones de dólares por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, en la cuenca del río Guayllabamba, es decir, 2 millones de dólares por Megavatio instalado. Cifra elevada según los estándares internacionales. A pesar de lo cual, llegó a costar 240 millones gracias a la proverbial costumbre de Odebrecht de incrementar los montos finales gracias a contratos complementarios fácilmente aceptados por los funcionarios sobornados. Otra obra contratada por CELEC y Eduarddo Barredo.

El 20 de agosto 2014, la empresa brasileña Odebrecht se adjudicó la construcción de la primera fase de ampliación del puerto de aguas profundas de Manta. “Presupuesto: 175 millones de dólares, El sábado 31 de enero 2015, la prensa informaba que la ministra de Transporte, Paola Carvajal, anunció que la empresa brasileña Odebrecht no construirá la expansión del Puerto de Aguas Profundas. Sería bueno verificar si el desistimiento obedeció a la falta de oferta de soborno.

3 de febrero 2015. Los 4 multilaterales que han comprometido créditos para la construcción del Metro de Quito (Banco Europeo de Inversiones, Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial) entregaron un informe al Municipio de Quito sobre la Fase II del proyecto, en el que “no se objeta ninguna de las propuestas desde el punto de vista técnico y se viabiliza la posibilidad de negociar con el proponente de la menor cuantía (Acciona-Odebrecht) para una reducción de la oferta”. Este informe surgió porque tras la apertura de las ofertas para la Fase II se encontró una diferencia de entre $ 490 millones y $ 852 millones por sobre los $ 1.200 millones que la anterior administración calculó como costo de esta obra. 

En este caso resulta fundamental conocer el porqué de la subvaloración del proyecto y si los alcaldes de Quito  anterior y actual, realizaron una negociación limpia.

Mire Usted, Señor fiscal, que es absolutamente innecesario dilatar y demorar las indagaciones si se tiene el sano interés de defender el patrimonio de los ecuatorianos, para lo cual Usted está siendo ampliamente remunerado.

Información tomada de diario La Hora.

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