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Informe Correa

by • May 24, 2016 • Estuardo MeloComments (0)1119

#Ecuador LA MAGNITUD DE LA TRAGEDIA Por Estuardo Melo

EStuardo meloAntes de la dura experiencia sufrida por las poblaciones costeras de Manabí y Esmeraldas con el terremoto de 7.8 grados y la dolorosa secuela de pérdidas humanas y materiales, el país ya venía afrontando  el duro embate del fracaso de un gobierno fallido de nueve años, la pérdida de valor de nuestro producto estrella de exportación y la revalorización del dólar norteamericano.

Para comprender mejor el impacto de esos factores en la economía del país, es necesario realizar un cálculo de su incidencia y de sus consecuencias en el futuro del país.

Si bien el terremoto desnudó la precariedad de las instalaciones en las pequeñas poblaciones costeras que en la mayoría de los casos ofrecía un servicio turístico rústico, barato y poco sofisticado, para consumo local y mochilero, el costo de su remediación será de entre 500 y 1000 millones de dólares.

En cuanto a la baja del precio del petróleo, el oficialismo que maneja el sector, ha declarado que han sido ocho mil millones de dólares el perjuicio debido a un costo del barril de petróleo a la baja que fluctuó entre cien y veinte dólares.

El costo que la falta de competitividad de los productos de exportación ecuatorianos en el mercado mundial, ha reducido el potencial exportador de 18.000 millones anuales, a una cifra similar a 10.000, según los reportes que se difunden, con la consecuencia de pérdida de esos mercados y la consecuente pérdida de plazas de trabajo.

Estos tres Ítems sumados darían como resultado una pérdida bruta para el país de Diez y siete mil millones de dólares.

Los ecuatorianos debemos comprender que al no estar estos aspectos bajo dominio interno del gobierno y/o, porque el gobierno no fue suficientemente previsivo para asumir las medidas que pudieran amortiguar el impacto de los mismos en la macroeconomía del país, resulta casi imposible conseguir estabilizarla y delinear un plan de contingencia que pudiera cubrir en corto tiempo esos déficits, a no ser con base en nuevo endeudamiento y nuevos impuestos, como el gobierno ha instrumentado.

Sin embargo, lo que debemos saber, es que estos tres factores negativos que nos afectan, son solamente parte del deterioro de la condición económica del país. Una condición que afecta por igual a todos los ecuatorianos y cuyas consecuencias no llegan a sentirse todavía en sus real magnitud.  Lo más grave y lamentable es que los aspectos que causaron la profunda crisis, son principalmente ocasionados por el pésimo manejo que el gobierno ecuatoriano otorgó a su gestión económica en los pasados 9 años, porque no tuvo la capacidad ni la visión, peor la destreza para manejar la bonanza que desde el año 2007, favorecía al Ecuador, gracias al paulatino y creciente valor de las materias primas en el mercado mundial, que venía impulsado por la necesidad de la China y sus industrias y a la creciente demanda del petróleo, cuya situación se mantuvo hasta el año 2015, cuando comenzó a descender.

Nueve años, el mismo tiempo en funciones del actual gobierno y en el mismo período, Rafael Correa tuvo en sus manos una enorme e impensada fortuna, no producto de acciones internas del país o de su gobierno ni de la producción nacional, sino exclusivamente debida al valor internacional de venta del barril del petróleo y en menor grado, de la competitividad de los precios de productos exportables gracias a la casi permanente depreciación del dólar americano, que es también nuestra moneda.

Es una fortuna tan cuantiosa, que equivale a 15 mil dólares por cada ecuatoriano en 9 años, es decir 90 mil dólares por familia. 9.000 dólares cada año para cada familia. Un valor equivalente a $750 mensuales, que de ninguna forma se ve reflejado en los servicios que el gobierno nacional ofrece.

Un valor que repartido en inversiones, bienes y servicios, habría cambiado radicalmente el mapa de la pobreza en el Ecuador. Pero es obvio que no era asunto de repartir esa fortuna entre sus legítimos dueños, los ecuatorianos propietarios del recurso petrolero. Era cuestión de invertir el producto de esas ventas, con base a programas y proyectos cuidadosamente concebidos y a un plan de desarrollo económico de mediano y largo plazo. Lamentablemente nada de eso ocurrió. La fortuna en sus manos fue dilapidada de manera tal, que ni el mismo presidente que dice ser Economista, sabe de qué forma logró desvanecer en los 9 años tan inmensa fortuna. Tanto es así, que nunca en los nueve años presentó ni un plan para aprobación en el seno del Consejo Nacional de Planificación, ni un justificativo válido de su gestión ante la Asamblea Nacional.

Qué hizo Rafael Correa en realidad.  Comenzó desmantelando las Leyes de disciplina fiscal y los fondos de ahorro y contingencia, para con esos fondos construir vías, acondicionar hospitales, nuevas escuelas, con decretos de emergencia que le permitían contratar a dedo, costos desmesurados y la consiguiente posibilidad de tratos subterráneos. Vías, equipo hospitalario y escuelas, todos contratados con sobreprecio para dar margen a la corrupción. En una primera instancia se gastó 3.500 millones en cada sector. Una inyección de dinero en la limitada economía del país, que llegó a provocar un consumismo e inflación de hasta 2 dígitos.

Posteriormente, para mejorar supuestamente la operación petrolera, declaró el sector en emergencia permanente, sin que la producción tuviera ningún incremento significativo. El sector petrolero pasó a manos neófitas y fue con el pasar del tiempo la mayor fuente de la corrupción en el gobierno.

Con créditos chinos, entró en la construcción masiva de 8 centrales hidroeléctricas, que están comenzando en el 2016 a funcionar con dificultades notorias, retraso y sobreprecios que oscilan entre el 30 y el 200%. De las ocho contratadas, dos en funcionamiento parcial y cuando estén en funcionamiento producirán más energía que la que el país requiere, sin posibilidad de venta a otros países y otras mega obras que más que proyectos de interés, tuvieron un afán corrupto. Contratar, para recuperar coimas.

El valor invertido en infraestructura cara, no excede los 45 mil millones de dólares, es decir el valor de la deuda del Estado en el 2016, lo que significa que los 260.000 millones de dólares del valor de ventas petroleras e impuestos, no fueron invertidos, sino gastados.

El gasto corriente del gobierno que tiene un valor incremental desmedido desde el 2007, tiene su lógica en el incremento inorgánico de salarios y el también desmesurado incremento numérico de entidades públicas y burócratas.

A esta fecha, Mayo 2016, el gobierno nacional no cuenta con un solo dólar para el pago del aparato estatal, lo que significa que los servicios públicos, la atención hospitalaria, los sueldos de militares y maestros, las asignaciones de los GADS, los contratistas del Estado ni la deuda pública externa e interna, tienen financiamiento. Han venido siendo solventadas con deuda contratada en el extranjero, con alto interés y plazo corto y con la venta de activos principalmente petroleros. La producción petrolera está hipotecada para los próximos 10 años y ya no se la cuenta como un recurso utilizable en los siguientes períodos gubernamentales.

El valor de la deuda contraída por el  gobierno de Rafael Correa, sumada al déficit presupuestario del 2016, llega a los 55 mil millones de dólares. 35.000 millones aceptados formalmente, 10.000 millones de deudas no registradas y 10.000 millones de déficit presupuestario que deberá salvarse únicamente con más deuda, estos últimos, producto de la aprobación de un presupuesto irreal que raya en la falsedad ideológica.

La gestión fallida, el despilfarro y la deuda contraída, desvanecieron una suma cercana a los tres cientos mil millones de dólares, que equivalen a 300 terremotos. Esta es una cifra insalvable para un país que de ahora en adelante, tendrá como recurso anual únicamente los 10.000 millones de dólares (a la baja) que pagan los ecuatorianos como impuestos. Un valor que en el futuro inmediato no tiene capacidad para afrontar el voluminoso gasto, la sustentabilidad de los servicios, las asignaciones a los GADS ni la amortización de la deuda al IESS, a los multilaterales ni a la China, que es nuestro mayor acreedor.

El Presidente ecuatoriano se apresta a presentar su “informe a la Nación” el 24 de Mayo y como es costumbre, pasará automáticamente aprobado por la asamblea, gracias a sus 100 asambleístas propios. Asambleístas que por octava vez consecutiva, lo aprobarán sin observaciones, convirtiéndose automáticamente en cómplices de su mal gobierno.

Esta situación creada por el mandatario, como parte de su estrategia política, será el principal insumo con el que contará el Ecuador para su enjuiciamiento porque se atentó con saña contra la alternativa real de desarrollo y una efectiva lucha contra la pobreza.

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