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by • June 10, 2016 • Estuardo MeloComments (0)1045

#Ecuador DESEMPEÑO ERRÁTICO Por Estuardo Melo

EStuardo meloEl Presidente ecuatoriano inobservó la norma constitucional en el ejercicio de sus funciones y llevó al país hacia la crisis económica que todos conocemos. Deuda impagable de 55.000 millones, petróleo embargado por 10 años, programas sociales sin sustento económico, gasto público desbocado y cero dólares en caja.

Incumplió el mandato contenido en el Artículo 3 de la Constitución que establece entre otras obligaciones a su cargo, que el Estado debe  planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución de sus recursos. La falta de instrumentos de planificación eficaces, derivó en una crisis económica, en el descontrol del gasto público y del crédito, dejando sin sustentabilidad los programas sociales y la administración pública en general.

Mientras que el artículo 85 establece que las políticas públicas establecen el rol de los entes públicos, en el proceso de formulación, ejecución, evaluación y control, la falta de evaluación y control de las mismas, los volvieron ineficientes e inoficiosos, contribuyendo a agravar la carga fiscal.

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (Artículo 279 de la Constitución de la República), no funcionó y el SEMPLADES en su lugar, no cumplió con el objetivo constitucional.

El Plan Nacional de Desarrollo como instrumento articulador de  políticas, programas y proyectos; no funcionó como ente evaluador de la programación y ejecución del presupuesto del Estado (Artículo 280 de la Constitución de la República).

Si bien, el artículo 284 de la Constitución de la República establece como objetivos de la política económica una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional;  el incentivo de la producción nacional,  inserción estratégica en la economía mundial y  actividades productivas para la integración regional; todas las mencionadas han sido asignaturas incumplidas  y sin evaluación de sus efectos.

Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo; tampoco se cumplió, especialmente para el sector privado y, en el año 2016 cuando los efectos de la crisis económica tienen como principal síntoma el desempleo.

Al analizar el cumplimiento del artículo 286 de la Constitución de la República  que dispone que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conduzcan de forma sostenible, responsable y transparente, y procurarán la estabilidad económica; es público y notorio que las sostenibilidad de los programas de educación y salud, están en riesgo por la falta de liquidez financiera pública, que se han manejado los fondos de manera irresponsable al ser el gobierno acusado de despilfarro y mala administración de sus fondos, que no ha existido transparencia en la gestión y se ha propiciado inestabilidad económica, en todos los aspectos de la macroeconomía.

Para la contratación de deuda pública, la ley debe prever la autorización por un comité de deuda y su financiamiento, conforme a los artículos 289, 290 y 291 de la Constitución de la República; sin embargo, el gobierno en ningún momento ha establecido un plan de pago de la deuda que contrajo, el origen de los fondos para esos pagos, dejando comprometido el desempeño financiero de los gobiernos futuros.

En cuanto al Presupuesto General del Estado, el gobierno siempre los presentó con un alto índice de déficit, que se fue acumulando en los nueve años, no respetó los precios referenciales del barril de petróleo fijado y gastó esos excedentes, creando una necesidad permanente de financiamiento que acumulado al 2016 es inmanejable. El artículo 292 de la Constitución de la República establece que el Presupuesto es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, pero al presentarse maquillado, se falseó montos tanto en los ingresos, cuanto en su déficit, propiciando cifras irreales, que tratan de disfrazar la situación de crisis de las finanzas públicas y que ha dado origen a operaciones de alto riesgo para tratar de solventar una sostenibilidad mínima.

Según la norma constitucional, el gobierno nacional debe coordinar y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, el manejo eficiente del ahorro público y la preservación del patrimonio nacional y el bien público como fin último de la administración presupuestaria. A la fecha (2016), no hay sostenibilidad sino iliquidez, el ahorro público es CERO, el patrimonio nacional está en venta.

Mientras el artículo 83 de la Constitución, obliga a administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad. NO existe auditoría del gasto, todos los días aparecen nuevas denuncias de la corrupción imperante, con franco desacato al cumplimiento de la Constitución y la Ley.

No es posible que los ecuatorianos toleren esto de su mandatario, único responsable de la crisis, el Artículo 3, el Artículo 85, el Artículo 279, el Artículo 280, el Artículo 284, el Artículo 286, los artículos 289, 290 y 291, el artículo 292, el Artículo 83, han sido tomados a la ligera y en algunos casos en violación flagrante. Esa forma de gobernar, es la principal causa del punto de caos administrativo y financiero al que el país ha llegado, poniendo en alto riesgo el desempeño de los próximas períodos administrativos que no tendrán otro remedio que asumir una quiebra, con saldo negativo en caja, necesidad obligada de financiamiento y depresión económica para los próximos 10 o 15 años.

Quién se va a hacer cargo de demandar tal incumplimiento.

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