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tras rejas

by • October 16, 2015 • Estuardo MeloComments (0)4752

DESCONTROL Por Estuardo Melo

EStuardo meloEl administrador de un Estado está constitucionalmente obligado a rendir cuentas de los dineros que maneja, tanto porque está en juego su propia honradez y reputación, cuanto porque los fondos de los que dispone provienen de la contribución de personas que trabajan y de los recursos nacionales que pertenecen a todos por igual. Parecería que la mentada legitimidad de las elecciones ganadas por Alianza País, la Revolución ciudadana, o como quieran llamar a este gobierno, les hizo suponer que no debían justificar de manera alguna sus decisiones, planes, programas gestión gubernamental, por el éxito o el fracaso de los proyectos que emprendieron, y/o sobre el impacto que las políticas públicas que concibieron, ocasionaron al conglomerado ecuatoriano. Parece que esa es una de las razones para querer enmendar la Constitución en el capítulo Contraloría de gestión.

En esa tónica, el Presidente del Ecuador, ha llegado al colmo de donar cuantiosas sumas extraídas del erario nacional, como si proviniesen de su bolsillo, asignadas para la construcción de obras públicas y hasta provisión de alimentos y productos básicos en otros países, tratando de demostrar una magnificencia con dinero ajeno, conmiserándose de situaciones precarias en países de su afinidad ideológica, cuyas colapsadas administraciones nunca atinaron a satisfacer necesidades básicas de sus pobladores. Más criticable aún, si un cuantioso segmento de la población de nuestro país se debate en la peor miseria.

Es de su obligacicón que el Presidente rinda cuentas pormenorizadas de su gestión de nueve años, especialmente al constatar el desorden administrativo y de gestión que imperó. Urge contar con un listado de todas y cada una de las obras ejecutadas, sus características técnicas, sus costos unitarios, el valor de la obra estimado en los estudios finales, el contrato (plazo y costo), la ejecución, los cambios realizados durante la obra por discrepancia con los estudios y el costo final realmente liquidado al contratista y así se podría detectar con facilidad las anomalías de la fiscalización, la administración y sobreprecio de esos proyectos. Especialmente, sobreprecios mal justificados que pueden ser indicios de corrupción que deban examinarse.

Es obvio que el Jefe del Estado, que es quién mejor informado está de esos sobreprecios y los incrementos que sufrieron las obras durante su ejecución, se negará sistemáticamente a presentar esos listados, porque sus discursos de manos limpias y administración honrada, caerá por los suelos y significará su desprestigio y descrédito, que según él contrariamente a la precepción general, es el mayor baluarte de su revolución y su aparato de propaganda. Lo ha venido evitando por nueve años.

Analizados los temas descritos por el mandatario en sus informes anuales a la Nación, todo es discurso ideológico y su contenido jamás fue evaluado ni pormenorizado por la Asamblea. De otra forma, si en estos nueve años se habría profundizado en el análisis de esos informes, se habría podido contar con mejores elementos de juicio, al menos del lado de la oposición, respecto a la calidad de gestión del ejecutivo y sus cuarenta… ministros.

Pero han transcurrido nueve años de gobierno, con un saldo desastroso del manejo económico y graves críticas sobre la administración de los emprendimientos gubernamentales, cuyos costos y sostenibilidad están en duda. Nueve años en los que no funcionó instancia alguna de control.

Una Contraloría General del Estado, cuyos auditores dejan entrever la labor de encubrimiento y neutralización de exámenes auditorías y resoluciones en contra de contratistas y funcionarios del régimen, especialmente de los grandes contratos y créditos.

Qué decir de la Comisión de Archivo de la Asamblea Nacional, que desestima todo intento de fiscalización antes de comenzar; y si no es para reírse del desairado y vergonzoso papel de la Comisión de Control Social y Participación Ciudadana gobiernista. Todos, responsables solidarios de lo que se llegue a encontrar, cuando a los examinados no les quede otra opción que responder.

No se diga de las instancias judiciales serviles al gobierno, que impiden aplicar la justicia a los protagonistas de los presuntos ilícitos. Fiscalía, Jueces y Magistrados de la Corte Constitucional, total y absolutamente funcionales al halo de impunidad que rodea al régimen.

El colmo de lo que nos ha tocado presenciar, ha sido la flagrante violación de la Constitución vigente, por parte de quién debía ser su principal defensor: La Corte Constitucional desestimó el texto del Art. 441, que establece que una enmienda a su texto no puede ser tramitado como tal en la Asamblea, si la misma altera su propia estructura fundamental. Produjo un fallo, sin haber aclarado en ningún momento en qué consiste esa ¨estructura fundamental¨ de la Constitución, ni realizó esfuerzo alguno por precisar su concepto en la Corte Nacional o ante el Procurador del Estado, sobre su real significado y sobre el impacto de las reformas en la estructura señalada. Todo por complacer al Presidente.

Los ecuatorianos, sus instituciones, sus líderes políticos y sociales, los dirigentes sindicales, los movimientos sociales, las personas en general, no pueden pasar por alto que un gobierno, por legítimo que se crea, haya realizado en su ejercicio administrativo de tres períodos consecutivos, el gasto, inversión, dispendio o como se lo quiera llamar, del inconmensurable valor de DOS CIENTOS TREINTA MIL MILLONES DE DÓLARES, que no fueron generados por las calidades de su gestión sino por efecto de agentes externos, sin haber aplicado el menor orden, evitando de manera absoluta todo control ni auditoría, con sobreprecio generalizado, consumiendo todas las reservas económicas posibles, endeudando al país más allá de su real capacidad de pago, sin tener la más mínima idea de la forma o el origen de los recursos que se emplearán para pagar esos compromisos de pago de la deuda adquiridos, dejando al País, desprovisto para cualquier contingencia.

Pero siguiendo en el análisis de la rendición de cuentas, hay dos proyectos ya ejecutados que son muestra incontrovertible del asalto a fondos públicos. La hidroeléctrica Manduriacu y la vía Collas. La primera concluida a un costo que sobrepasa los tres millones de dólares por mega-vatio instalado y la autopista de seis carriles de acceso al Aeropuerto de Quito, construida con el diseño más desfavorable posible, con un costo de doce millones de dólares por kilómetro.

Una central hidroeléctrica de 60 MW, no puede costar más de 72 millones de dólares y costó dos cientos treinta millones; Una vía de seis carriles no puede costar más de dos millones de dólares por kilómetro y costó doce. Para llegar a ese costo, tomaron el peor trazado posible, llegaron hasta el fondo del río Guayllabamba, para acceder la meseta de Tababela, con el mayor movimiento de tierras imaginable para conformar su mesa, con taludes gigantescos y con el trayecto más largo. Para evitar el desplome de taludes, tuvieron que revestirla con una membrana geo-textil que seguramente costó más que la propia vía y estoy seguro que fue negociada directamente por personeros del gobierno.

A una obra terminada, es fácil auditar, porque se tiene como base sus estudios, las actas de entrega, los protocolos de medición para emitir planillas de pago, las órdenes de cambio, todas suscritas por los fiscalizadores. Es fácil encontrar anomalías y sobre precios.

Los responsables de la obra, en lugar de defender el sobreprecio están obligados a apoyar la revisión técnica de los costos de la obra. Si descalifican a quienes denuncian anomalías, encienden la sospecha de un manejo incorrecto. Deben recordar que no es dinero de ellos el que manejaron.

En igual situación a los dos proyectos descritos, están las ocho centrales hidroeléctricas construidas, los sistemas de control de inundaciones, todas las carreteras mejoradas que la propaganda del gobierno quiere hacer aparecer como nuevas vías. En estas vías repavimentadas y señalizadas verticalmente, se posicionó el costo de un millón de dólares por kilómetro, cuando en un comienzo los contratos se suscribían por $350.000 por kilómetro. La autopista Santo Domingo-Quevedo, tuvo un presupuesto inicial de $1´000.000 por Km., pero la última información es que costará $4´000.000 por kilómetro. Esos sobrecostos incrementan las dudas de un manejo honrado.

También la provisión de equipos e insumos hospitalarios. Nada se salva de la sospecha de corrupción y haría bien el gobierno en permitir un control independiente, ya que la entidad encargada de hacerlo ha incumplido con sus obligaciones constitucionales.

Si las instancias nacionales que deben controlar el gasto público, no lo hicieron, se debe pedir intervención de las instancias internacionales, pero lo que no es aceptable es que habiendo gastado DOSCIENTOS TREINTA MIL MILLONES DE DÓLARES, éste no haya sido certificado por una auditoría minuciosa de cada obra.

Los indicios de pago para obtener contratos y comisiones para concesión de créditos y firmas de contratos con el Estado, provienen de las mismas fuentes. El nuevo presidente chino, destituyó por corrupto al funcionario que manejó los contratos de crédito y obras en Ecuador; El escándalo de Odebretch en Petrobras, con implicaciones para los mandatarios del Brasil y de otros países de Sudamérica y la denuncia contra CAMINOSCA, por su propio socio mayoritario. Sin embargo en Ecuador, nadie responde…

Obra cara, desordenada y susceptible de corrupción.

Esas son las objeciones de los opositores a Correa. DESCONTROL DEL GASTO, PROYECTOS EJECUTADOS SIN CONTAR CON UN PLAN DE INVERSIONES COHERENTE, PLANES MAL FORMULADOS y POLÍTICAS ATEANTATORIAS AL DESARROLLO PRIVADO.

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