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Andres Paez Naciones Unidas

by • May 6, 2014 • Galo MonteverdeComments (4)6738

DENUNCIA EN LA RELATORIA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA, FORMULADA POR EL ASAMBLEÍSTA DR. ANDRÉS PÁEZ BENALCAZAR

1.- Accionantes:

   Enrique Juan Arosemena Robles, Gerente General EP. RTV Ecuador y posteriormente Gerente General y Representante Legal de EP. RTV ECUADOR; Dr. José Luís Aguilar, Representante Legal o Director Ejecutivo de RTV ECUADOR, posteriormente con Santiago Cordovez Dávalos Gerente General Subrogante de RTV ECUADOR. Dr. José Ricardo Serrano Salgado, Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; actualmente se desempeña como Ministro del Interior.

Dr. Diego García Carrión, Procurador General del Estado.

 

2.- Accionados:

   Paúl Esteban Camacho Falconí ; María Alejandra Cevallos Cordero; Francisco Daniel Endara Daza; Víctor Hugo Erazo Rodríguez; Patricio Tonny Fajardo Larrea; Marcelo Max Marín Guzmán; Galo Efrén Monteverde Castro.

 

3.- Otros Accionados en la misma causa:

   Asilados: Pablo Ermilio Guerrero Martínez y José Luis Guerrero Martínez.

 

   Prófugos: María Graciela Crespo Ponce; Nery Cristóbal Proaño Tamayo; Juan Carlos Carrasco Guerra y Xavier Andrés Montesdeoca Salazar (Se sabe que abandonaron el país).

 

4.- Juzgado Tribunal o Autoridad de Sustanciación:        

  • Fiscalía General del Estado.- Dirección Nacional de Investigaciones.- Unidad de Delitos de la Administración Pública.
  • Juzgado Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha.
  • Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha.
  • Corte Provincial de Justicia de Pichincha: Primera Sala Penal.
  • Corte Provincial de Justicia de Pichincha.*
  • Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.
  • Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

5.- N° de causa:

  • Fiscalía General del Estado Nº 170101810110860-UDAP-GBA.
  • Juzgado Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha (acto urgente) Nº 0019-2011 J22GPP.
  • Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha Nº1047-2010.
  • Corte Provincial de Justicia de Pichincha   Nº17121-2011-0081.
  • Corte Provincial de Justicia de Pichincha Juicio Nº 822-10*
  • Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha Nº 17242-2013-0069.
  • Corte Provincial de Justicia de Pichincha Nº17124-2014-0575 (04-04-2014)

6.- Nombre del Juez o Jueces o Autoridad:          

  • Fiscal de Pichincha: Dr. Gustavo Adolfo Benítez Álvarez C.I.1710538214.
  • Juzgado Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha: Ab. Juan Pablo Hernández             Cárdenas.    
  • Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha: Dr. Raúl Martínez Muñoz.
  • Corte Provincial de Justicia de Pichincha.- Primera Sala: Inicialmente, Dr. Marco Maldonado Castro, Dr. Patricio Arízaga Gudiño y Dr. Jorge Villarroel Merino. Posteriormente: Dra. Anacélida Burbano Játiva, Dr. Edwin Patricio Sánchez Viteri y Dr. Jorge Andrade Lara.
  • Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha: Dra. Miriam Jeaneth Escobar Pérez, C.I. 020137576-3;   Dr. Hugo Horacio Aulestia Aulestia, C.I .170936281-6 y Ab. Fernando Burbano Dávalos.
  • Corte Provincial de Justicia: Al momento se está definiendo la sala única, una vez que se han excusado los jueces: Narcisa Pacheco, Santiago Acurio y una tercera persona, cuyo nombre no se nos ha proporcionado.

 

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Documentos de soporte

7.- Fecha de presentación de la Acción:

  • Paúl Esteban Camacho Falconí: 29 de diciembre 2010 y 05 de enero 2011.
  • María Alejandra Cevallos Cordero: 09 febrero 2011.
  • Francisco Daniel Endara Daza: 9 de febrero 2011.
  • Víctor Hugo Erazo Rodríguez: 12 de marzo 2011.
  • Patricio Tonny Fajardo Larrea: 09 febrero 2011.
  • Marcelo Max Marín Guzmán: 16 de noviembre 2010.
  • Galo Efrén Monteverde Castro: 12 de marzo 2011.

 

Asilados:

  • Pablo Ermilio Guerrero Martínez: 09 de febrero 2011.
  • José Luis Guerrero Martínez: 12 de marzo 2011.

 

Prófugos:

  • María Graciela Crespo Ponce: 12 de marzo 2011.
  • Nery Cristóbal Proaño Tamayo: 11 de abril 2011.
  • Juan Carlos Carrasco Guerra: 11 de abril 2011.
  • Xavier Andrés Montesdeoca Salazar: 11 de abril 2011.

8.- Tipo Penal o infracción con que se acusa:

Con el avance del proceso se ha ido modificando su denominación: Inicialmente, Sabotaje y Terrorismo. Posteriormente: Sabotaje; Destrucción y Paralización de servicios públicos; Destrucción de Propiedad Pública; Destrucción No 17255-2010-1047; Destrucción de servicios públicos, etc.

 

9.- Normas legales o reglamentarias invocadas en la acusación:

   Código Penal. Capítulo IV, del Título I, del libro II, De los delitos de Sabotaje y Terrorismo, Art. 158.- “Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 8 a 12 años y multa de $87.00 a $175.00, el que fuera de los casos contemplados en este Código, destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos, instalaciones industriales y fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro elemento de transporte, instalaciones públicas o privadas de energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes, o instalaciones de radio, teléfono, telégrafo, televisión o cualquier otro sistema de transmisión; depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, etc., con el propósito de causar alarma colectiva…”

 

10.- Breve Descripción de los fundamentos de hecho de la acción o acusación:

   El día 30 de Septiembre de 2010, en Quito, capital de la República del Ecuador, en horas de la mañana, se produjo una protesta en el Regimiento de Policía No 1 “Quito” y en algunos otros lugares del país, debido a la expedición de la Ley Orgánica de Servicio Público, situación que enervó a los reclamantes ya que derogaba beneficios y estímulos económicos que venían recibiendo. Igualmente protestaron en el aeropuerto de Quito, un grupo de aerotécnicos de la Fuerza Aérea y otro del personal del Tropa del Ejército, en el Ministerio de Defensa.

     Tan pronto se produjo la insubordinación, el Presidente de la República, se hizo presente en las instalaciones de la policía para dialogar directamente con los miembros de la Institución, lo que no fue posible por la actitud intemperante y desafiante del Jefe de Estado, lo que ocasionó una grave acción colectiva y agresiones verbales y físicas al mandatario. Posteriormente, se trasladó al hospital policial, donde fue auxiliado por presentar síntomas de asfixia al haber inhalado gases lacrimógenos y problemas en su rodilla. Desde allí ordenó al Ministro de Defensa y al Jefe del Comando Conjunto que “se proceda a rescatarlo”. Cabe destacar que jamás hubo ni secuestro, ni golpe de estado, ni conspiración. Como es de conocimiento público, el Presidente fue, por su propia voluntad, al Regimiento Quito Nº 1 y pudo, durante todo el tiempo que pasó en el Hospital de la Policía, comunicarse con el Gabinete Presidencial, hablar con Presidentes de otros países, hacer declaraciones a la prensa, recibir todo tipo de visitas; en definitiva gozó siempre de libertad. De qué golpe de estado se habla si el Presidente, jamás, fue reemplazado, ya que las FF.AA. siempre estuvieron a su servicio. Se quiere dar la impresión de que se trata de una conspiración urdida por la oposición, por el simple hecho de haber sacado a luz pública actos de corrupción de su gobierno. Como consecuencia de todo esto se produjeron graves enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dando como resultado muchos heridos, así como el fallecimiento de civiles y de elementos policiales y militares.

   Por la tarde del mencionado día, el Gobernante de turno, emite desde el hospital de la policía, donde supuestamente se encontraba plagiado, el Decreto Ejecutivo No. 488, publicándose el mismo en el Registro Oficial 290. En este decreto se dispone el estado de excepción en todo el país. De la lectura del Decreto Presidencial se observa que no cumplió con la expresa disposición que obligaba al Ejecutivo a especificar las medidas que deberían aplicarse, así como los derechos que se suspenderían o limitarían, por lo tanto se determina que, el Presidente violó la Constitución y además la inobservó en las extensiones que las hizo posteriormente. Otra de las medidas que adoptó el gobierno, es la prohibición o impedimento de la circulación de todo tipo de informaciones. Con esto, todas las estaciones de radio y televisión fueron obligadas a retransmitir la programación del canal gubernamental, RTV Ecuador –entiéndase del gobierno-, con lo cual nuevamente se vuelve a contravenir el artículo 165, numeral 4. de la Constitución de la República, violando las garantías allí contenidas.

   El artículo 165 dispone: “Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República, únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio… libertad de información, en los términos que señala la Constitución. Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:” Artículo 4. “Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado”. Este artículo y numeral invocado por el Presidente, lo facultaba para disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social, más no ordenar la suspensión de sus señales, obligándoles a sumarse a la transmisión del Canal del Estado, lo cual impedía una comunicación plural, según lo que dispone la Constitución ecuatoriana en sus artículos 17 y 18. La censura previa, no estuvo restringida a los motivos del estado de excepción ni de la seguridad del estado, sino a todos los ámbitos informativos. Con la cadena nacional del día 30 de Septiembre del 2010, el gobierno impidió todo tipo de información pública, vinculada o no a los motivos del estado de excepción. Como consecuencia de la emisión del Decreto Ejecutivo Nº 488, del 30 de Septiembre, todos los ecuatorianos nos sentimos privados, no solamente de acceder a una información plural y libre, sino que además, no pudimos ejercer nuestro derecho a expresarnos públicamente.

   Es fundamental y necesario, hacer conocer a la opinión pública que la presencia de una muchedumbre en el canal del estado -RCTV ECUADOR-, el 30 de septiembre del 2010 en horas de las noche, fue en defensa de la libertad de prensa y de expresión, una vez que este canal había monopolizado la información, situación que nada tuvo que ver con lo que sucedía en el Regimiento Quito entre el Presidente de la República y la Policía. Además vale destacar que habiendo solicitado se reciba a 5 personas para formular el pedido de que se abra la señal a todos los medios de comunicación y ejercer el derecho a expresarnos libremente sobre los hechos ocurridos, como respuesta se obtuvo la clausura de todas las puertas del mismo. Causa mucha sorpresa que habiendo ingresado al canal un grupo totalmente heterogéneo de más de 500 personas, de entre unas 2.000 que se habían reunido en las afueras del canal, resultasen solamente 13 los acusados: MARCELO MARÍN GUZMÁN, PAUL CAMACHO FALCONÍ, PABLO GUERRERO MARTÍNEZ, MARÍA CEVALLOS CORDERO, FRANCISCO ENDARA DAZA, PATRICIO FAJARDO LARREA, JOSÉ GUERRERO MARTÍNEZ, GALO MONTEVERDE CASTRO, VICTOR ERAZO RODRÍGUEZ, MARÍA CRESPO PONCE, NERY PROAÑO TAMAYO, JUÁN CARRASCO GUERRA Y XAVIER MONTESDEOCA SALAZAR. A simple vista se puede deducir la direccionalidad de la acusación, ya que el gobierno conocía, que algunos de los participantes eran personas que se encontraban en oposición al mismo, debido a que no compartían sus políticas totalitarias de coartar la libertad de expresión y de prensa. Igualmente, jamás se estuvo de acuerdo en que el gobierno manejase y lo continúe haciendo, en forma autocrática, todas las Funciones del Estado, incluyendo la Judicial; muestra de aquello constituye la actuación del Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, en donde sus jueces fueron cambiados una semana antes de que se inicie el proceso judicial y se dicte sentencia en contra de los defensores de la libertad.

 

11.- Precise si se produjo un proceso administrativo previo a su encausamiento de ser así, indique quién lo inicio, cuándo y cuál fue su desenlace:

   No se produjo ningún proceso administrativo.

 

12.- Señale con fechas el avance cronológico de su proceso, indicando las diligencias que se han cumplido.

   Entre las más importantes:

  • 15 de noviembre del 2010: denuncia del Ministro de Justicia por los hechos sucedidos el 30 de septiembre del 2010.
  • 16 de noviembre del 2010: detención de Paul Esteban Camacho Falconí y de Marcelo Max Marín Guzmán.
  • 16 a 17 de noviembre del 2010: – en horas de la noche- Audiencia de Formulación de Cargos e Inicio de la Instrucción Fiscal. Se desarrolló con juez y fiscal de flagrancia.
  • 26 de diciembre del 2010: sale en libertad Paul Camacho Falconí, por juicio declarado nulo, en semanas anteriores.*
  • 05 de enero del 2010: se vincula a Paul Camacho al proceso de Max Marín, al que posteriormente se vinculan los demás procesados.
  • 27 de enero del 2011: detención de Francisco Endara por 24 horas. Se inicia Audiencia de Formulación de Cargos y se suspende orden de prisión: “por no encontrar elementos suficientes para iniciar dicha instrucción fiscal”.
  • 9 de febrero del 2011: Audiencia de Formulación de Cargos o de Imputación y Vinculación a la Instrucción de Cevallos Cordero María Alejandra, Endara Daza Francisco Daniel, Patricio Tonny Fajardo Larrea, Guerrero Martínez Pablo Ermilio.
  • 12 de marzo del 2011: Audiencia de Formulación de Cargos o de Imputación y Vinculación a la Instrucción de José Luis Guerrero Martínez, María Crespo Ponce, Galo Monteverde Castro y Víctor Hugo Erazo.
  • 11 de abril del 201: Audiencia de Formulación de Cargos o de Imputación y Vinculación a la Instrucción de Proaño Tamayo Nery Cristóbal, Carrasco Guerra Juan Carlos, Montesdeoca Salazar Xavier Andrés.
  • 15 de agosto del 2011: Audiencia Preparatoria de Juicio y Fundamentación de Dictamen.
  • 26 de agosto del 2011: Auto llamamiento a juicio.
  • 29 de agosto del 2011: Interposición de Recurso de Nulidad, presentado por el Dr. Pablo Guerrero Martínez y Dr. José Luis Guerrero Martínez, Crnel. Galo Monteverde C. y Dr. Ramiro Moreno López.
  • 18 de noviembre del 2013: Audiencia de Juzgamiento, en el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.
  • 05 de diciembre del 2013: Se dicta sentencia condenatoria a 4 años de Reclusión Mayor Ordinaria.
  • 04 de abril del 2014:Traspaso del Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Juicio Nº17124-2014-0575.

 

13.- Considerando lo previsto en el Art. 76 de la Constitución de la República, señale si se han respetado las reglas del debido proceso. De no ser así en su opinión, precise las activaciones que han entrañado su vocación.

   No se han respetado las reglas del debido proceso. El numeral 3 del Art.76 de la Constitución dice:” 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”.

   El artículo 158 del Código Penal, no es ley de la Republica; fue una norma dictada por la Dictadura presidida   por el Contralmirante Ramón Castro Jijón; General de División Luis Cabrera Sevilla; General de División Marcos Gándara Enríquez y Coronel de Estado Mayor Guillermo Freile Pozo, publicada en el R.O. 459 de 17 de marzo de 1965.

El decreto dictatorial se incorporó en un Código, lo que no le da la calidad de ley, nunca fue discutida ni en primera ni en segunda instancia, en el Congreso o Asamblea, menos aún aprobado por la Función Legislativa.

   Si no existe ley, no puede existir un proceso y si de hecho se tramita, está viciado de nulidad. Viola un principio constitucional y un principio universal de Nullum crimen nulla poena sine lege, “un hecho solo puede castigarse cuando la punibilidad está determinada legalmente, antes de que el hecho fuera perpetrado”.

   Consta en el proceso la certificación otorgada por la Secretaría y Archivo de la Asamblea Nacional de lo que se establece, que jamás se discutió o promulgó con ley el artículo 158, incorporado al Código Penal. Anexo 1: Certificación otorgada por la Secretaría y Archivo de la Asamblea.

   Se inicia un juicio por flagrancia, varios días después. Se juzga a Paul Camacho, con un juez de excepción y así fue declarado por la Corte Provincial, con clara violación a derechos, tratados internacionales y normas constitucionales. Pese a haberse declarado nulo el proceso (Juicio Nª 822-10), se lo mantuvo en prisión porque no existía un juez que accediera a dar la orden de libertad, vulnerando leyes expresas. El proceso jurídico al que nos han vinculado (Juicio Nª 17242-2013-0069), adolece de la misma nulidad (inexistencia de flagrancia). Las vinculaciones, son también extemporáneas. El juez que sustancia la audiencia preparatoria de juicio, se encontraba recusado.

   El proceso fue nulo completamente y esto fue inobservado por la Corte Provincial, pues una vez más, se violó el Debido Proceso, Normas Constitucionales y Tratados Internacionales. Luego en la sentencia que dictan no existe ninguna individualización de la conducta ni tampoco se establece el necesario nexo causal entre lo que, supuestamente hemos cometido y un resultado que no existió.       Si se analizan y se escuchan las grabaciones de la audiencia, la teoría del fiscal no corresponde, en absoluto, con su acusación y tampoco con la sentencia.

   Con fecha 04 de abril del 2011, la Corte Provincial de Pichincha, emite una providencia negando y revocando el Fuero de Corte que le reconoció el Juzgado Quinto de Garantías Penales a Víctor Hugo Erazo Rodríguez, por ser Director Nacional de un partido político. Aquí se observa que se viola el principio de Publicidad por parte de la Corte Provincial, al no permitir que la providencia se ejecutoríe. Posteriormente y a día seguido, es decir el 05 de abril del 2010, se emiten los autos a la Secretaría del Juzgado Quinto de Garantías Penales, en donde la misma, no firmó la recepción del proceso. Esto quiere decir, técnicamente el juicio, nunca salió o bajó de la Corte Provincial al Juzgado. Por lo expuesto se concluye, que al haber aceptado el fuero, el Juez Quinto de Garantías Penales y al ser rechazado por parte de la Corte Provincial, se dio nacimiento a una confrontación entre competencia positiva y negativa, la cual debió ser resuelta por la Corte Nacional de Justicia, situación que nunca sucedió. Igualmente, por esta misma causa se ventilaron dos procesos, el 81-2011 y el 470-2011, cuando nadie puede ser procesado dos veces por la misma causa.

   El 18 de noviembre del 2013, el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, da inicio a la audiencia de la causa Nº.17242-2013-0069, para emitir su sentencia. El 21 de noviembre del 2013, la Junta Provincial Electoral de Pichincha, califica la candidatura para Alcalde de Víctor Erazo. El 25 de de noviembre del 2013, el procesado emite una comunicación al Tribunal y se acoge a lo que dispone el artículo 108 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, explicada en el Código de la Democracia, lo cual implicaba que se suspenda el juicio. El Tribunal hizo caso omiso de la Ley expresa, continuó con la audiencia de juzgamiento y tomó la decisión de sentenciar a los procesados.

   En el proceso en contra del Coronel Galo Monteverde, la vinculación extemporánea no le permitió ejercer debidamente su derecho a la defensa y consecuentemente esto influyó negativamente, en la decisión política de la causa. Este proceso es nulo, por habérsele vinculado fuera del plazo legal, en violación del PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN y en observancia de las garantías constitucionales, legales y del debido proceso. En este caso, se han violado los siguientes artículos del Código de Procedimiento Penal: Art. 330 numeral 3; Art. 221; Art. 70. Código Orgánico de la Función Judicial: Art. 282 numeral 3. De la Constitución de la República: Art. 76 numerales 3, 4 y 7 y Art. 11 numeral 3; Art.168 numeral 6. Anexo 2: INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE NULIDAD.

   En el caso de José Luis Guerrero Martínez, se le impidió el derecho a la defensa en virtud de que, no fue legalmente citado para la audiencia de formulación de cargos, ya que se encontraba fuera del país, conforme se desprendía de la certificación del movimiento migratorio que obra de autos, la consecuencia de esta falta de citación, fue que no se le permitió el derecho a elegir entre un defensor privado o público, como lo establece el Art 76 , numeral 7, literal g) de la Constitución.

     “Art.76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: …7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o por defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor….”

   En concordancia con el Art. 221 del Código de Procedimiento Penal: “Art. 221 .- En cuanto aparezcan en el proceso datos que hagan presumir la autoría o participación de una persona en el hecho objeto de la instrucción, el fiscal formulará la imputación, observando el procedimiento y requisitos señalados en el artículo 217 de este código”.

   En estos casos, la etapa de instrucción se mantendrá abierta por un plazo máximo de hasta treinta días adicionales, contados a partir de la notificación con esa resolución al nuevo procesado o al defensor público designado por el juez de garantías penales.

   “Art. 217.-…El juez de garantías penales que conozca el caso, dentro de las veinticuatro horas subsiguientes, señalará día y hora para la audiencia solicitada, la que deberá realizarse dentro de los cinco días a partir de dicho señalamiento, indicando en la notificación a los sujetos procesales, que de no concurrir a la misma, se contará con el defensor público”.

   Esta irregularidad fue observada por el defensor de oficio, que manifestó que esto conllevaría a la nulidad del proceso.

   Así mismo, su vinculación al proceso fue realizada mas allá de los tiempos límites que permite la Ley. Estos hechos fueron reconocidos por la República Checa y por la INTERPOL, al momento de concederle asilo político. Este último organismo internacional, se opuso a incorporar a José Luis Guerrero Martínez, a Pablo Ermilio Guerrero Martínez y a otros procesados, en su base de datos, por contravenir el Art. 3 de su estatuto constitutivo y por tratarse de un hecho de persecución política.

   Anexo 3a: Copia de la Audiencia de Vinculación.

   Anexo 3b: Informe de la INTERPOL.

   En el caso de Francisco Endara, se pone énfasis y cimenta su nulidad en el Art. 76, numeral 7., literal l) de la Constitución de la República que dice: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Los servidores o servidoras responsables serán sancionados”.

   Se ha dado trámite a la acusación particular, sin que se encuentren justificados los requisitos establecidos en el numeral 5 del artículo 55 del Código de Procedimiento Penal. El acusador no fue capaz de precisar y describir los supuestos actos atribuibles pues dice: “un grupo de ciudadanas y ciudadanos irrumpieron en las instalaciones del Canal ECTV (..)”. La falta de descripción circunstanciada de los hechos, por parte del acusador particular, denota la evidente inexistencia del acto, lo cual demuestra mala fe. Igualmente, destaca las violaciones al debido proceso:En la audiencia de Instrucción Fiscal, los videos son presentados por el fiscal sin el correspondiente reconocimiento por parte de peritos y sin autorización judicial, como lo exige el Art. 156 del Código de Procedimiento Penal con el fin de determinar lugar, día,  hora y el correspondiente reconocimiento de Francisco Endara, en los actos que se le acusan sin justificar el nexo causal y su supuesta participación.

     Se dictó y mantuvo una orden de prisión preventiva en contra de Francisco Endara por un tiempo aproximado de dos meses, violando el Art. 7, numeral 2 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art. 9 numeral 1. Se menciona que para establecer prisión preventiva se deben cumplir todos los requisitos establecidos en el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal y no solo unos cuantos. Así mismo, se hace caso omiso de principios como el de la  legalidad, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la mencionada medida cautelar.

Al no demostrarse amistad, afinidad o vínculos entre los acusados, no se puede suponer la existencia de una organización criminal estructurada para la preparación de sabotaje. Aquel 30 de septiembre del 2010, las personas acudieron a una reunión pacífica en las calles y no tenían intención delictuosa, para la comisión de un delito y en uso de su derecho o la facultad que le permite el Art. 98 de la Constitución, que dice:”Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público…que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

   Se pudo observar que varios testigos de Fiscalía perjuraron a vista y paciencia del Tribunal.   Fue evidente la inexistencia de la Cadena de Custodia en las pruebas y todas ellas fueron obtenidas sin observar el debido proceso, pese a ello el Tribunal las aceptó.

14.- Señale si previo a su procesamiento debieron cumplirse formalidades o requisitos de prejudicialidad. Precise si aquellas fueron cumplidas u omitidas. En caso de haber sido omitidas señale si presentó algún reclamo al respecto.

   No existieron.

 

15.- Señale si alguna autoridad pública hizo declaraciones respecto de su caso. De ser afirmativo, precise quién lo hizo, cuándo y por cuáles medios.

   Sobre el hecho que motiva el enjuiciamiento, han dado declaraciones: el Presidente de la República y los Ministros de Estado. Anexo 4: Recorte periodístico de LA HORA: En el enlace.

   Juan Carlos Ortíz, director del programa de EC TV., en los meses de septiembre, noviembre, diciembre del 2010, enero, febrero y marzo del 2011, creó un proyecto publicitario de 18 minutos y lo puso al aire, sobre la base de tomas del hecho en el propio canal estatal de televisión, al que lo denominó: “En busca de la verdad” (EBV), con deformaciones, exageraciones y mentiras, el cual se difundió por varios medios estatales audiovisuales (TC televisión, Gamavisión, CNPLUS, Ecuador TV), incluyendo TELESUR, canal venezolano. En varias ocasiones, desde el mes de octubre del 2010 a enero del 2011, antes del juicio, se presentaron cadenas nacionales y programas afines al gobierno. A partir del 30 de septiembre, en todos los medios de comunicación gubernamentales e incautados, se difundieron decenas de programas alusivos al hecho.

16.- Señale si permanece o ha permanecido en prisión y durante cuánto tiempo. Describa las condiciones en las que vivió durante su permanencia en prisión.

  • Francisco Endara: fue detenido el 27 de enero del 2011, en los calabozos de la Policía Judicial. Fue liberado el 28 de enero del 2011, luego de que el Fiscal determinara no encontrar elementos en su contra.
  • Marcelo Max Marín Guzmán: permaneció detenido por 88 días (del 16 de noviembre del 2010 hasta el 14 de febrero del 2011), en el Penal García Moreno de Quito, ordenado por un juez de flagrancia.
  • Paul Esteban Camacho Falconí: en virtud de la orden de un juez de flagrancias (turno) se lo detiene desde el 16 de noviembre, hasta el 26 de diciembre del 2010.
  • Patricio Fajardo: estuvo detenido por 4 horas, para rendir su declaración en la indagación previa.

   Es conocido que las condiciones de los reclusorios en el Ecuador, son inhumanas e insalubres, pues se hacinan a los detenidos en condiciones infrahumanas.

 

17.- Señale si se vio obligado a solicitar alguna medida diplomática como asilo político o similares.

   Tanto el Dr. Pablo Ermilio Guerrero Martínez como el Dr. José Luis Guerrero Martínez, solicitaron asilo político en la República Checa, obteniéndolo. Actualmente viven en la ciudad de Praga. Los 7 ciudadanos que se presentaron al juicio no lo han solicitado, aún. De los 4 prófugos que no se presentaron al juicio, no se tiene conocimiento alguno.

 

18.- Señale si paralelamente a su encausamiento, estuvo usted sometido a otro procedimiento judicial, administrativo o disciplinario. De haber sido así, describa el tipo de procedimiento, fechas de inicio, Juez o Tribunal de Sustanciación y desenlace o resultado del mismo.

   Ninguno

 

19.- Señale si antes, durante o después de su encausamiento, se practicaron medidas judiciales o administrativas sobre sus bienes o patrimonios.

   Sí. Pese a que la sentencia ha sido emitida, se mantienen las medidas judiciales y el embargo universal de bienes y patrimonios de los acusados, prohibiendo su enajenación, a partir del mes de febrero del 2011, sin determinación de cuantía y a sabiendas de que el peritaje económico de los supuestos daños que ha servido para la sentencia de quienes han comparecido a juicio (7 procesados), no llega a $5.000,00USD.

 

20.- Describa de que manera su encausamiento pudo haberle afectado personalmente o a su familia, ejercicio profesional o en materia patrimonial.

  • Pablo Guerrero Martínez: El encausamiento me ha ocasionado una crisis emocional ante lo injusto, lo que mereció tratamiento médico. Soy abogado y no puedo ejercer la profesión   en la República Checa, en la que no se habla castellano. Mi patrimonio se ha visto menguado pues al no obtener ingreso de mi ejercicio profesional, desde el 30 de septiembre del 2010, hasta la presente fecha, se me ha privado de obtener los ingresos necesarios para mí persona y mi familia, a sabiendas de que tengo dos hijos en la Universidad y otro de 8 años. Estos perjuicios también han sufrido los otros encausados que ostentan la calidad de abogados y se encuentran asilados fuera del país.
  • Francisco Endara: Desde el año 2010, no he podido desempeñar actividad de trabajo alguna, dada la incertidumbre del proceso y la continua presentación de la imagen en medios públicos, así como en programas del gobierno. La preocupación de mi madre, que en varias ocasiones, desde el 30 de septiembre del 2010, tuvo problemas en su salud y fue atendida en el hospital. Luego del 30 de septiembre del 2010, tuve que separarme de la Universidad, debiendo retomar la finalización de mis estudios, aproximadamente 2 años después, lo que trajo como consecuencia una actualización en el pensum de materias y el consiguiente tiempo extra y costos de estudios.
  • Galo Monteverde C.:El gobierno, a través del programa “En busca de la verdad” que se transmitió en todos los canales incautados y del estado, así como en TELESUR (canal venezolano), en varios periódicos como El Telégrafo, en medios de comunicación y redes sociales como: youtube, ha afectado mi dignidad, mi honor y mi imagen, deformando la verdad y vendiendo la idea de que somos terroristas, generando rechazo hacia nosotros en la población, contraviniendo lo estipulado en la Constitución de la República, Art. 66, numerales 7 y 18. He tenido que suspender varios viajes al exterior que venía pagando en vacaciones compartidas (Marriott Vacations y e)Vacations) y que me vi obligado a cancelar, definitivamente, mis membrecías, perdiendo el capital que ya había pagado por ellas y las cuotas mensuales de mantenimiento, valor que asciende a $69.240.00USD por una parte y $9.296.00USD por la otra, al no poder salir del país por más de tres años que lleva este juicio y como consecuencia de las medidas cautelares que pesan en mi contra. Tenía planificado vender nuestro actual departamento que se encuentra deteriorado y adquirir otro nuevo, con el valor de esta venta, más un préstamo del banco, en un lugar más apropiado a nuestra edad, lo cual no fue posible por el embargo que pesa sobre nuestros bienes. Como consecuencia de esta situación, habiéndose informado por los medios de comunicación, especialmente estatales, mi madre, enfermó gravemente y falleció en Diciembre del 2011. Durante su enfermedad tuve ingentes gastos, por movilización y atención permanente a la misma, pues vivía en Ambato. Tuve que internarla en la Clínica Pasteur por varios días, luego de que sufriera, por tercera vez, un infarto cerebral muy fuerte, que fue, en definitiva lo que acabó con su vida. Los gastos por este motivo fueron de $5.439.89 USD de clínica y otros. Una vez que ella salió de la clínica los gastos continuaron ascendiendo a la suma de $13.201.70 USD. La preocupación por este proceso judicial, provocó en mi esposa un creciente estado de nerviosismo y ansiedad que le causó una enfermedad nueva, conocida como Fibromialgia. Situación que requirió ingentes gastos en consultas médicas, medicinas y posteriormente su tratamiento, hasta que determinen su enfermedad. Continúa su tratamiento, exámene, médicos y fisioterapias, que hasta la presente fecha no se termina, porque no existe curación para esta enfermedad. Ella debe atenderse con tratamiento médico y de fisioterapia, varias veces por semana, para poder tener una vida relativamente normal. Al momento, los gastos están en el orden de los $ 10.000,00USD. Como consecuencia de la enfermedad de mi esposa, mi suegra sufrió un infarto cerebral, quedando minusválida hasta la presente fecha. Provocando una situación muy difícil en mi familia, ya que mi esposa es hija única y toda la responsabilidad del cuidado de su madre recae sólo sobre ella. Igualmente para este fin han tenido que hacerse una serie de gastos: consultas médicas, medicinas, terapias, terapistas, exámenes, etc. Una vez que se ha mantenido, esta enfermedad por 3 años los gastos deben estar en el orden de los $ 18.000USD. Actualmente estoy bajo cuidado médico por presentar presión alta, lo que me ha obligado a tomar diariamente pastillas para controlar la misma y evitar la preocupación y el estrés.   A pesar de ser jubilado, me he mantenido trabajando. Al momento me encuentro sin trabajo, a raíz de este proceso.
  • Paúl Camacho Falconí: Mi abuelo cuando vio en la televisión que me estaban procesando como saboteador le dio un infarto y jamás se ha recuperado de él. Soy el soporte de mi madre y ella se ha visto terriblemente afectada en su salud emocional y física. De producirse un encarcelamiento se quedaría sola sin apoyo ninguno. Personalmente tuve que suspender mi matrimonio, suspendieron el contrato de trabajo que tenía con la universidad de los Hemisferios porque no querían tener personas vinculadas al proceso contra el Estado. Mis ingresos se han visto mermados porque muchísimos clientes se fueron pues no les interesa tener un abogado que corra riesgo y que sea considerado un enemigo del régimen. Solamente en costos de abogados y proceso judicial he pagado más de 25 mil dólares. No puedo entrar a estudiar mi maestría, como exige la Ley de Educación Superior, por la incertidumbre del proceso, lo que significa que perderé también el trabajo que actualmente tengo como profesor en la Universidad Internacional.
  • Patricio Fajardo Larrea: No he podido viajar a Cambodia y Singapur, a realizar negocios por $22´300.000,00USD. No he podido traer capitales a Ecuador para invertir en proyectos inmobiliarios, por temor a comprar bienes inmuebles y luego no poder venderlos. No he podido realizar la escritura definitiva de un departamento en la 10 de Agosto y Villalengua a la empresa LAVCA, con un perjuicio de $150.000,00USD. No he podido viajar a Brasil ni Colombia a comprar autobuses para la Compañía Rutas de América Cía. Ltda. Perjuicio $ 2´000.000,00USD.

 

21.- Señale si para su defensa ha recibido o no asistencia de algún organismo, entidad o institución pública o privada, de ser así, precise el nombre de aquella y describa que tipo de ayuda recibió.

   No hemos recibido de ningún organismo, entidad o institución pública o privada ayuda alguna a nuestro favor, ni en la causa que se ha incoado en nuestra contra. Pese a que hemos buscado y presentado sendas cartas y comunicaciones al Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Presidencia, para poder tener un espacio donde se escuche la verdad de los hechos.

 

22.- Señale cuál es el monto que ha debido gastar para su defensa y de qué manera ese monto ha sido cubierto o financiado.

  • Sr. Francisco Endara: Por el momento, dado que el proceso aún no termina, no se puede estimar cuál será el costo final de abogados, defensa, escritos, copias, poderes, etc.. Hasta el momento he gastado más de $10.000.00USD, en defensa.
  • Crnel. Galo Monteverde C.: Los gastos ocasionados por este proceso judicial, para defenderme, hasta la presente fecha, ascienden a $13.850,00 USD, los cuales han sido cubiertos con mi sueldo de jubilado y mis ahorros de toda la vida. Una vez que no se ha concluido el juicio, no me es posible calcular el monto al que arribará mi defensa. Actualmente tengo 68 años.
  • Dr. Pablo Guerrero Martínez: El monto de los gastos necesarios para mi defensa, incluyendo mis propios honorarios profesionales, implica varios cientos de miles de dólares.
  • Dr. Paúl Camacho Falconí: Alrededor de 20 a 30 mil dólares. Lo he pagado con todos los ahorros logrados en mi carrera.
  • Ing. Patricio Fajardo Larrea: El monto que he gastado en este proceso judicial es de $24.000,00USD. Los he cubierto con recursos propios.

 

23.- Señale cuales han sido las condiciones de acceso a la justicia si ha recibido garantías para su defensa o si ha sufrido limitaciones y obstáculos.

  • Sr. Francisco Endara: Se inició un proceso sin elementos claros de convicción. Se realizó un juicio de manera privada. En el juicio no se individualizó la participación en el supuesto delito de sabotaje y terrorismo.
  • Crnel. Galo E. Monteverde C.:   No asistí a ninguna de las comparecencias, una vez que estuve en conocimiento de que existía una orden de detención con fecha 24 de Enero de 2011, para algunas personas. Una vez que el Abogado Juan Pablo Hernández Cárdenas, Juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, deja sin efecto y dispone la revocatoria de la orden de detención, el 17 de Febrero del 2011 con oficio No 0179-2011 J22GPP, nosotros los ciudadanos: Erazo Rodríguez Víctor Hugo y Galo Efrén Monteverde Castro, decidimos presentarnos voluntariamente, el 21 de Febrero del 2011, a las 10h00, junto a nuestros abogados defensores. Aquí mis primeras expresiones, de forma textual: “Quiero dejar constancia de mi rechazo e insatisfacción, de que pese a que me han extendido tres comparecencias por parte de la fiscalía, no me he presentado, ya que había de por medio, no sé si con mala fe de parte de Fiscalía, una orden de detención. Yo estoy listo, las veces que se requiera venir, porque no tengo nada que ocultar y estaré las veces que sean necesarias…”
  • Dr. Pablo Guerrero Martínez: En el ejercicio de mi defensa no he recibido ninguna garantía y he sufrido toda clase de limitaciones y obstáculos para el ejercicio de ellas, aparte de amenazas y persecuciones.
  • Dr. Paúl Camacho Falconí: Es evidente que el proceso se ha manejado, no a la luz de la ley y la justicia, sino del interés y la presión política. Pese a haber obtenido una nulidad, fui nuevamente vinculado a otro proceso nulo. Los jueces que declararon la nulidad fueron enjuiciados y retirados de sus cargos. Presenté un habeas corpus cuya resolución fue dejada en suspenso, violando la esencia del mismo. Pese a la nulidad no pude obtener mi libertad inmediata. En la audiencia de formulación de cargos ni siquiera se analizaron mis documentos de arraigo

 

24.- Precise los hechos o puntualizaciones que desee destacar o añadir.

  • Sr. Francisco Endara: Se han usado por parte de la Secretaría de Comunicación del Estado, y en particular de los canales del estado, varios videos atentando al honor y a la dignidad de los procesados, difamando, mintiendo y distorsionando la verdad de los hechos, afectando a los mismos. Anexo 5: Videos ECTV y Hoja explicativa de Persecución contra Francisco Endara D. Anexo 6: Recurso de Nulidad.
  • Dr. Pablo Guerrero Martínez: Pido que se determine la inexistencia de ley para perseguir un hecho que no constituye delito. La única actuación que yo he tenido, al igual que la mayoría de las personas que ingresaron el 30 de septiembre del 2010, era pedir que se permita que todos los medios de comunicación puedan informar al pueblo ecuatoriano sobre los hechos que se suscitaban en el país por una rebelión policial con reclamos de remuneraciones y condecoraciones. Reclamamos la libertad de expresión, jamás cometí acto de violencia alguno, como se establece de los propios videos, que a pesar de ser editados no han podido inculparme de actos de violencia.- Fui entrevistado después de una pacífica espera, el 30 de septiembre en el canal RTV Ecuador, mas mi entrevista no fue difundida ni de ninguna de las personas cuyos nombres obran en el proceso. Tampoco hemos callado la señal televisiva del mencionado canal, como lo asevera su Gerente, en el proceso. Otrosí.- Se ha expuesto las nulidades más relevantes sin embargo existen otras no menos importantes. Razón esta por la que de considerarse necesario se las puede referir el momento que la veeduría lo disponga.
  • Dr. Paúl Camacho Falconí: El caso se ha tratado de tipificar con los tipos penales más fuertes posibles, sin que sean los que se enmarcan en la realidad. El delito de sabotaje jamás existió, por varias razones. No existió ningún concierto previo de mi parte, no existió intención de causar daño alguno al Estado de Derecho, no existió interrupción de señal alguna. Mis actos no tienen nada que ver con la supuesta interrupción del canal ni menos se ha causado ninguna alarma pública, requisitos del delito acusado. Es un problema que me ha causado enormes daños tanto físicos, psicológicos, económicos, familiares y personales.
  • Ing. Patricio Fajardo Larrea: Considerando la Carta Democrática Interamericana. Artículo 3. “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. En la actualidad, no existe en el país SEPARACIÓN E INDEPENDENCIA ENTRE PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL.
  • Crnel. Galo Monteverde C.: Cabe destacar que el Artículo 158 fue impuesto en el Código Penal, cuando las Fuerzas Armadas de los países de América Latina, dedicaron todo su esfuerzo, por disposición de la Función Ejecutiva y como política de estado, a combatir a los grupos subversivos, que aspiraban dentro de cada país, a llegar al poder mediante la lucha armada.   Con el retorno a la democracia, este tipo de penas resultaban obsoletas y no fueron usadas por los gobiernos democráticos de la región, convirtiéndose en un anacronismo que el Estado ecuatoriano y su sistema de justicia lo utilice para procesar a ciudadanos, que según obra de sus autos no tienen ningún antecedente que permita presumir actividades de sabotaje o terrorismo. Este artículo no es procedente, en el caso de los procesados, porque jamás se produjo alarma colectiva alguna. Además en este gobierno el Ecuador no ha vivido un proceso insurgente, donde claramente se identifiquen las fases de la insurrección: LA SUBVERSIÓN, EL TERRORISMO, LA GUERRILLA. Estas acciones son ejecutadas por bandas criminales organizadas, que pretenden crear alarma social colectiva con fines políticos. Se caracterizan por la ejecución de una serie de atentados (SABOTAJES) que provocan daño material y físico a instalaciones privadas y públicas. En el Ecuador tuvimos a Alfaro Vive Carajo, Montoneras Patria Libre y Sol Rojo, cuyos miembros se encuentran formando parte del actual gobierno, ya sea en el gabinete ministerial, o como autoridades seccionales, directores de periódicos, empleados públicos, etc. Estas bandas criminales organizadas cometieron asesinatos, secuestros, asaltos, atentados con explosivos; es decir una gama de actos criminales, ejecutados con la mayor violencia y sangre fría para generar pánico y terror en la población.

   Anexo7: Informe pericial psicológico, elaborado por la Dra. Margoth Andino, Psicóloga Jurídica y pedida por el Fiscal.

   Por lo anteriormente expuesto, y en estricto apego a principios y normas jurídicas, el acto perpetrado por los procesados del 30S, debió de ser sancionado como contravención, sin perjuicio de la acción civil para la reposición de los bienes afectados.

   En lo referente a la destrucción de una puerta de vidrio y otros daños menores, que ya han sido cuantificado por el perito de la fiscalía, por un valor aproximado de cuatro mil quinientos trece dólares; lo cual nos remite al numeral 19 del artículo 606 del Código Penal que contempla prisión de dos a cuatro días para quienes causaren daño o perjuicio en las instalaciones destinadas al servicio público.

   Anexo 8: Publicación periódico La Hora “Los supuestos daños no llegan ni a 5 mil dólares”

   Por lo tanto, no es justo procesar a los presuntos infractores por un delito con reclusión mayor ordinaria de 8 a 12 años, ni modificar la sentencia a 4 años, como se lo ha hecho. La sentencia elaborada por el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dice así:”CULPABLES del delito tipificado y sancionado en el artículo ciento cincuenta y ocho (Art. 158) del Código Penal, en concordancia con el artículo cuarenta y dos (Art.42) ibídem; se les impone la pena de OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR ORDINARIA, a cada uno de ellos; pena que de conformidad al Art.29 numerales 6 y 7 en concordancia con el Art. 72 del Código Penal, se la modifica imponiéndoles a cada uno la pena de CUATRO AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR ORDINARIA,…”

   Anexo 9: Últimas hojas de la sentencia, con las firmas de los miembros del Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.

   Finalmente, queremos resaltar la inobservancia de las normativas por parte de todas las instancias que intervinieron en este expediente, atentando a la Constitución, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos, Leyes Orgánicas, Ordinarias y sobre todo el Debido Proceso, con lo cual se ratifica el criterio de que esta causa se convirtió en un caso político, en donde la justicia, que se encuentra en manos del Ejecutivo, sirvió para dar satisfacciones al mismo, justificando así el 30S, convirtiéndolo en un nicho para sacar el mayor beneficio politiquero. A continuación enumeraremos las transgresiones e incumplimiento de las disposiciones de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Normativas Constitucional y Legal del Ecuador, así como la violación de los principios…in dubio pro reo y el favor rei:

1.-DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS: Art.8; Art.10; Art. 11; Art.19.

2.-DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE: Art. IV; Art. XXVI.

3.-CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA” Art. 8.1; Art. 8.2; Art. 13:1.

4.-CONSTITUCIÓN ECUATORIANA: Art. 17; Art.18; Art. 66; Art. 76:2; Art. 76:5; Art. 76:6; Art.195.

5.- CÓDIGO PENAL: Art. 4.

6.- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Art. 4; Art. 5:1; Art. 5:4; Art. 15.

     Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que este proceso está viciado… ¡de nulidad!

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4 Responses to DENUNCIA EN LA RELATORIA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA, FORMULADA POR EL ASAMBLEÍSTA DR. ANDRÉS PÁEZ BENALCAZAR

  1. Guido Saltos M. says:

    Les felicito por la actividad permanente contra las arbitrariedades cuotidianas que comete el tirano ” Mal Nacido ” llamado Rafael Correa,con su gavilla . El mejor pago que este debería recibir es verles a los hijos sufrir injustamente como éste ha hecho con gran parte de el pueblo que le eligió .

    • rohn says:

      El tirano , Co….rea, las va a pagar, estemos seguros de esto, mucha estupidez ha cometido este individuo, agresivo, mal educado. resentido social etc. Pero por lo demas felicito al Asambleista Andres Paez por el pedido de nulidad ante la ONU y a los 13 ciudadanos encausados injusta e ilegalmente, por su valenia y tenacidad, Ya brillara’ la justicia del famoso 29 + 1 = 30 sept.

  2. Christi says:

    El fenómeno de la reputación online es masivo pues se
    basa en 2 necesidades humanas: la necesidad de compartir y la necesidad de seguridad.

  3. Diana says:

    Rafaël correa en fiscal gustavo adolfo Benitez alvarez Son grandes amigos!!!

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