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by • March 14, 2014 • Galo MonteverdeComments (0)1862

30S: SENTENCIA DE CUATRO AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR ORDINARIA PARA DEFENSORES DE LA LIBERTAD

Galo Monteverde C.Monteverde-Galo

 

Es fundamental y necesario hacer conocer a la opinión pública que la presencia de una muchedumbre en el canal del estado -RCTV ECUADOR-, el 30 de septiembre del 2010 en horas de las noche,  fue en defensa de la libertad de prensa y de expresión, una vez que este canal había monopolizado la información, situación que nada tuvo que ver con lo que sucedía en el Regimiento Quito entre el Presidente de la República y la Policía. Además vale destacar que habiendo solicitado se reciba a 10 personas para formular el pedido de que se abra la señal a todos los medios de comunicación y ejercer el  derecho a expresarnos libremente sobre los hechos ocurridos, como respuesta  se obtuvo  la clausura de todas las puertas del mismo. Causa mucha sorpresa que habiendo ingresado al canal un grupo totalmente heterogéneo de más de 500 personas, de entre unas 2000 que se habían reunido en las afueras del canal, resultasen solamente 13 los acusados: MARCELO MARÍN GUZMAN, PAUL CAMACHO FALCONI, PABLO GUERRERO MARTÍNEZ, MARÍA CEVALLOS CORDERO, FRANCISCO ENDARA DAZA, PATRICIO FAJARDO LARREA, JOSE GUERRERO MARTÍNEZ, GALO MONTEVERDE CASTRO, VICTOR ERAZO RODRÍGUEZ, MARÍA CRESPO PONCE, NERY PROAÑO TAMAYO, JUAN CARRASCO GUERRA Y XAVIER MONTESDEOCA SALAZAR. A simple vista se puede deducir  la direccionalidad de la acusación,  ya que el gobierno conocía, que algunos de los participantes eran personas que se encontraban en oposición al mismo, debido a que no compartían sus políticas totalitarias de coartar la libertad de expresión y de prensa.  Igualmente,  jamás se estuvo de acuerdo  en que el gobierno manejase y lo continúe haciendo, en forma autocrática, todas las Funciones del Estado, incluyendo la  Judicial; muestra de aquello constituye la actuación del  Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, en donde sus jueces fueron cambiados una semana antes de que se inicie el proceso judicial y se dicte sentencia en contra  de los defensores de la libertad.

     Igualmente se hace indispensable dar a conocer a la opinión pública, los vicios, versiones contradictorias,  violaciones constitucionales y de derechos humanos,  provocados por el  gobierno del Presidente Correa.  A  continuación se explican algunas de ellas:

El 30 de Septiembre del 2010, el Gobernante de turno, emite desde el hospital de la policía, donde se encontraba recluido,  el  Decreto Ejecutivo No. 488, publicándose el mismo en el registro oficial 290. En este decreto  dispone el estado de excepción en todo el país.

 El artículo 164 de la Constitución dispone que el estado de excepción se aplicará… “en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las Funciones del Estado”.

“El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad,  y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el período de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los Tratados Internacionales”.

    De la lectura del Decreto Presidencial se observa  que no cumplió con la expresa disposición que obligaba al Ejecutivo a especificar  las medidas que deberían aplicarse, como los derechos que se suspenderían o limitarían. Así al no expresar las medidas a aplicarse y los derechos a suspenderse o limitarse, el Presidente violó la Constitución y además la inobservó  en  las extensiones que las hizo posteriormente.

    Otra de las medidas que adoptó el gobierno es la prohibición o impedimento de la circulación de todo tipo de informaciones. Con esto,  todas las estaciones de radio y televisión fueron obligadas a retransmitir la programación del canal gubernamental RTV Ecuador –entiéndase del gobierno-, con lo cual nuevamente se vuelve a contravenir  el artículo 165, numeral 4. de la  Constitución de la República, violando las garantías allí contenidas.

    El artículo 165 dispone: “Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la  República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio… libertad de información, en los términos que señala la Constitución. Declarado  el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:” Artículo 4. “Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado”.  Este artículo y numeral invocado por el Presidente, lo facultaba para disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social, más no ordenar la suspensión de sus señales, obligándoles a sumarse a la transmisión del canal del Estado,  lo cual impedía una comunicación plural, según lo que dispone la Constitución ecuatoriana en sus artículos 17 y 18. La censura previa, no estuvo restringida a los motivos del estado de excepción ni de la seguridad del estado, sino a todos los ámbitos informativos. Con la cadena nacional del día 30 de Septiembre del 2010, el gobierno impidió todo tipo de información pública, vinculada o no a los motivos del estado de excepción. Como consecuencia  de la emisión del Decreto Ejecutivo Nº 488, del 30 de Septiembre, todos los ecuatorianos nos sentimos privados no solamente de acceder a una información plural y libre, sino que además, no pudimos ejercer nuestro derecho a expresarnos públicamente.

    El artículo con el cual se  juzga a los defensores de la libertad, es el 158 del Código Penal, que se encuentra inscrito en el capítulo IV, del Título I, del libro II de  De los delitos de  sabotaje y terrorismo. En la contestación que recibimos del  Responsable del Área Archivo-Biblioteca – Asamblea Nacional-, documento que se encuentra notariado, se nos contesta que  el” Archivo Biblioteca  no dispone de los documentos relacionados con debates ni el proyecto de ley (3 hojas)”.  Esto quiere decir que jamás  fue tratado por el Parlamento o el Congreso, lo cual lo nulita.  Este artículo fue incluido en el Código Penal Ecuatoriano por Decreto Supremo No. 578 de la Junta Militar de Gobierno, publicado en el Registro Oficial No. 459 del 17 de marzo de 1965, es decir cuando el Ecuador estaba gobernado por una dictadura. Cabe destacar que este artículo fue impuesto en el Código Penal, cuando las Fuerzas Armadas de los países de América Latina, dedicaron todo su esfuerzo, por disposición de la Función Ejecutiva y como política de estado, a combatir a los grupos subversivos, que aspiraban dentro de cada país, llegar al poder mediante la lucha armada.

    Con el retorno a la democracia, este tipo de penas  resultaban obsoletas y no fueron usadas por los gobiernos democráticos de la región, convirtiéndose en un anacronismo que el Estado ecuatoriano y su sistema de justicia lo utilice para procesar a ciudadanos, que según obra de sus autos no tienen ningún antecedente que permita presumir actividades  de sabotaje o terrorismo. Concomitantemente,  este  artículo no es procedente,  en el caso de los procesados  porque jamás se produjo alarma colectiva alguna.  Además en este gobierno el Ecuador no ha vivido un proceso  insurgente, donde claramente se identifiquen las fases de un proceso insurreccional, tales como: LA SUBVERSIÓN, EL TERRORISMO, LA GUERRILLA. Estas acciones son ejecutadas por bandas criminales organizadas, que pretenden crear alarma social colectiva con fines políticos. Se caracterizan por la  ejecución de una serie de atentados (SABOTAJES) que provocan daño material y físico a instalaciones privadas y públicas. En el Ecuador tuvimos a: Alfaro Vive Carajo, Montoneras Patria Libre y Sol Rojo, cuyos miembros se encuentran formando parte del actual gobierno, ya sea en el gabinete ministerial,  o como autoridades seccionales, directores de periódicos, empleados públicos etc.  Estas bandas criminales organizadas cometieron asesinatos, secuestros, asaltos, atentados con explosivos; es decir una gama de actos criminales ejecutados con la mayor violencia y sangre fría, para generar pánico y terror en la población.

Por lo anteriormente expuesto, y en estricto apego a principios y normas jurídicas, el acto perpetrado por los procesados del 30S, debió de ser sancionado como contravención, sin perjuicio de la acción civil para la reposición de los bienes afectados.  En lo referente a la destrucción de una puerta de vidrio y otros daños menores, que ya han sido cuantificado por el perito de la fiscalía, por un valor  aproximado de cuatro mil quinientos dólares; lo cual nos remite al numeral 19 del artículo 606 del Código Penal que contempla prisión de dos a cuatro días para quienes causaren daño o perjuicio en las instalaciones destinadas al servicio público. Por lo tanto, no es justo procesar a los presuntos infractores por un delito con reclusión  de 8 a 12 años.

    La sentencia del  Segundo Tribunal  de Garantías Penales de Pichincha impuso una pena de OCHO  AÑOS DE RECLUSIÓN  MAYOR ORDINARIA,  la misma que fue modificada,  reduciéndola  a CUATRO AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR ORDINARIA  y una  MULTA DE $ 87,00 USD  para cada uno de los acusados: PAUL CAMACHO FALCONÍ, MARÍA CEVALLOS CORDERO, FRANCISCO ENDARA DAZA, VICTOR ERAZO RODRÍGUEZ, PATRICIO FAJARDO LARREA, MARCELO MARÍN GUZMAN Y GALO MONTEVERDE CASTRO. Asilados en Praga: PABLO GUERRERO MARTÍNEZ Y JOSE GUERRERO MARTÍNEZ.  No se presentaron al proceso: MARÍA CRESPO PONCE, NERY PROAÑO TAMAYO, JUAN CARRASCO GUERRA Y XAVIER MONTESDEOCA SALAZAR.

    Finalmente, queremos destacar la inobservancia de las normativas,  por parte de todas las instancias que intervinieron en este sumario, atentando a la Constitución, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos, Leyes Orgánicas, Ordinarias,  y sobre todo el debido proceso, con lo cual se ratifica el criterio de que esta causa  se convirtió en  un caso político, en donde la justicia, que se encuentra en manos del Ejecutivo, sirvió para dar satisfacciones al mismo,  justificando así  el 30S, convirtiéndolo en un nicho para sacar el mayor beneficio politiquero.

En la conciencia de los ecuatorianos está claro que  en el 30S, jamás  hubo un golpe de estado, ya que el Presidente siguió dando órdenes y disposiciones tanto a su gabinete como a su gobierno y a las Fuerzas Armadas. Nunca estuvo secuestrado ya que voluntariamente el asistió al Regimiento Quito y al Hospital de la Policía, en  donde se recluyó y desde allí  y por teléfono, dio disposiciones al Ministro de Defensa y al Jefe del Comando Conjunto, habló con Presidentes extranjeros, realizó declaraciones a la prensa nacional e internacional, etc. Jamás hubo conspiración,  porque hasta la fecha no aparecen los conspiradores y se trata de dar la impresión de que la conspiración fue urdida por la oposición. Todos los estadistas entienden que es necesaria la oposición, pero el Presidente Correa y su revolución ciudadana consideran que la misma debe ser eliminada para poder concentrar, bajo su poder como ya lo ha hecho, todas las funciones del estado. No es posible prescindir de la oposición, ya que su presencia evita que los gobernantes abusen del poder, incumplan los ofrecimientos de campaña y sobre todo previene la corrupción.

    A continuación enumeraremos la transgresión e incumplimiento de las disposiciones de Tratados Internacionales de Derechos Humanos,  Normativa Constitucional y Legal del Ecuador, así como la violación de los principios…in dubio pro reo y el favor rei:

1.-DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS: Art.8; Atr.10; Art. 11; Art.19

2.-DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE: Art. IV; Art. XXVI

3.-CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS“ PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA”

     Art. 8.1; Art. 8.2; Art. 13:1

4.-CONSTITUCIÓN ECUATORIANA: Art. 17; Art.18; Art. 66; Art. 76:2; Art76:5; Art. 76:6; Art.195

5.- CODIGO PENAL: Art. 4

6.- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Art. 4; Art. 5:1; Art. 5:4; Art. 15

 

    Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que este proceso está viciado… ¡de nulidad!.

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